Servindi, 9 de julio, 2012.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno del presidente Ollanta Humala a “esclarecer judicialmente las muertes y los hechos de violencia, de sancionar a los responsables y de reparar las consecuencias” en el marco de las protestas contra el proyecto minero Conga en Cajamarca.
Asimismo le recordó al Ejecutivo la obligación que tiene de “garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que protestan contra el proyecto minero”.
Esto en razón de que los enfrentamientos ocurridos el 3 y 4 de julio en Celendín y Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, dejaron como saldo la muerte de cinco civiles incluyendo un menor de edad.
Hechos que se dieron en el marco de las protestas iniciadas hace más de un mes en Cajamarca en contra del proyecto minero Conga que perjudicarán importantes fuentes de agua en Cajamarca y la declaración del estado de emergencia en tres provincias.
La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó al Estado que adopte de “manera urgente” todas las medidas necesarias para la debida protección de los manifestantes y los miembros de las fuerzas de seguridad.
En el comunicado de prensa la CIDH explicó que cuando un Estado impone limitaciones razonables a las manifestaciones –para asegura su desarrollo pacífico o evitar se genere violencia– siempre se debe hacer regido por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Agresiones a defensores de derechos humanos
Pidió así “a todas las partes las partes a cesar la violencia y a buscar por la vía del diálogo una solución pacífica a este conflicto de conformidad con los mecanismos institucionales existentes en el Estado”.
La CIDH también se refirió a las agresiones que sufrieron Amparo Abanto, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Genoveva Gómez, abogada de la Defensoría del Pueblo, por parte de policías el pasado 21 de juniow cuando se encontraban investigando la detención de manifestantes.
Recordó así refiriéndose además a la violenta detención del líder ambientalista Marco Arana que los actos de violencia y otros ataques contra los defensores de los Derechos Humanos no solamente violan sus garantías individuales, sino que también atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad.
La reacción del gobierno
Hasta el momento la única respuesta conocida frente a los graves excesos de la las fuerzas del orden que culminaron con cinco civiles muertos ha sido el relevo de los jefes policiales de Bambamarca y Celendín.
Se trata del mayor PNP Edwin Oré Perlacios, jefe de la delegación policial de Bambamarca, y del comandante PNP Juan Carlos Reátegui Izquierdo de Celendín. La decisión de cambiarlos se debe a los excesos que se habrían cometido contra los manifestantes opuestos al proyecto Conga.
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