La polémica solicitud suscrita por el fiscal ingresó a la mesa de partes de la Corte Suprema de Justicia el 6 de julio y permanece a la espera de que sea revisada.
Como se recuerda, la segunda Sala Penal de la Corte de Justicia de Loreto, falló el 10 de diciembre de 2009 a favor de los indígenas kichwas y achuar de Andoas, provincia de Datem del Marañón, en el proceso por los hechos ocurridos en Andoas en marzo de 2008 entre la empresa Pluspetrol y comunidades indígenas.
En tal ocasión las comunidades nativas de Nuevo Andoas, Los Jardines, El Porvenir, Titiyacu, 12 de Octubre, Nueva Jerusalén, protestaron contra Pluspetrol con la toma del aeropuerto de Pluspetrol en esa jurisdicción.
En los confusos incidentes, donde la policía incursionó en las comunidades e incluso llegó a efectuar disparos sobre las viviendas, murió el suboficial Jaime Reyna Ruiz. Esto derivó en el proceso por homicidio calificado contra los principales líderes indígenas a pesar que no se pudo demostrar responsabilidad individual alguna.
La histórica sentencia emitida por el magistrado Carlos del Piélago Cárdenas, confirmó la inocencia de los indígenas, fue transmitida en vivo por la radio y televisión de Iquitos y fue recibida por la ciudadanía loretana como un gran acto de justicia.
La sentencia de Del Piélago constituye un precedente judicial histórico al referirse a importantes documentos de derechos humanos.Entre ellos, el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Informe de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios de la OIT, de febrero de 2009.La sentencia también hace referencia a documentos de la Defensoría de Pueblo y el Pronunciamiento de los Obispos de la Amazonía suscrito en mayo de 2009.
Pese a la demostración de inocencia de los indígenas procesados, abogados de la Pluspetrol interpusieron un Recurso de Nulidad, porque según ellos, “causó sorpresa” el fallo final.
El Ministerio Público, representado por el Fiscal Supremo Pablo Sánchez, ha dedicido hacer suyas las pretensiones de la empresa y rebatir la decisión de la sala penal.
Como es de conocimiento público, Pablo Sánchez, tuvo controvertida notoriedad en los últimos meses al intentar revocar la sentencia contra el ex-presidente Alberto Fujimori, condenado por el delito de secuestro agravado en agravio del periodista Gustavo Gorriti.
Entonces, Sánchez dictaminó sosteniendo que no se encuentra configurado el delito de secuestro agravado.
De haber prosperado esa pretensión legal, hoy el sentenciado Alberto Fujimori tendría beneficios penitenciarios y estaría probablemente en libertad.
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