Bolivia: El gobierno viola los derechos constitucionales indígenas

En el propósito de deslegitimar la marcha indígena de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), los personeros de gobierno han afirmado que sus demandas serían contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE). Siendo esto muy dudoso y discutible, es en cambio claro e incontrovertible que es el propio gobierno quién está incurriendo en la flagrante violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Esto se revela, por lo menos, en los dos casos siguientes. El parágrafo VII del art. 146 de la CPE dispone que se establecerán circunscrpciones especiales indígenas “ …en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional.”

Esta es exactamente la situación del pueblo guaraní en el departamento de Chuquisaca, con la particularidad de ser el más damnificado por la dominación colonial que le impuso, hasta hace muy poco, la esclavitud y el cautiverio, lo que hace especialmente necesario su reconocimiento y respaldo por el Estado Plurinacional. Sin embargo, la Ley del Régimen Electoral proyectada por el gobierno y aprobada precipitadamente por la Asamblea Legislativa no ha establecido la respectiva circunscripción indígena constitucionalmente necesaria, limitándose a mantener solamente las circunscripciones indígenas ya existentes en número de 7, insuficiente y mezquino para canalizar la representación política directa de una treintena de pueblos en la condición de minoría étnica constitucionalmente aludida.

Asimismo, el art. 292 de la CPE dispone que “Cada autonomía indígena originario campesina elaborará su Estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la constitución y la Ley.”, y no existe otra disposición constitucional, en relación a esta forma de autonomía, que permita dar a la aprobación de estos estatutos, un procedimiento distinto al previsto para su elaboración.

Sin embargo, en la propuesta de Ley Marco de Autonomías del gobierno, se pretende que los Estatutos de las Autonomías Indígenas se aprueben por referendo, siendo este una práctica ajena y extraña a esas “normas y procedimientos propios” que la CPE reconoce como único medio para elaborar tales Estatutos. El argumento de velar por la participación de los pocos no indígenas radicados en estas autonomías, se basa en el prejuicioso equívoco de creer que en los actos de la democracia comunitaria no tienen cabida los no indígenas.

Para peor, ante la obvia y razonable reacción movilizada de los afectados, los voceros gubernamentales responden con la calumnia descalificadora de acusar a las organizaciones indígenas de estar digitadas y financiadas por USAID. Como si el movimiento indígena hoy movilizado no fuera el mismo que, a lo largo de 20 años y con el mismo método de movilización pacífica hoy empleado, logró conquistas de fundamental importancia precursora para la constitución del Estado Plurinacional y la apertura del actual proceso de transformaciones, sin injerencia ni financiamiento alguno del comunismo internacional, como era por entonces la calumnia de los gobiernos neoliberales. Y como si la violación de los derechos constitucionales indígenas en las propias leyes del Estado Plurinacional, entre otros problemas que involucran al gobierno, no fuera una agresión suficientemente grave como para motivar su legítima y razonable movilización sin que gobierno extranjero alguno tenga que promoverla ni financiarla.

Peor aún, a la agresión y a la calumnia se añade el ridículo vergonzoso de presentar solemnemente ante la opinión pública, como prueba concluyente de la digitación ejercida por USAID sobre la marcha indígena, un libro editado con financiamiento de esa entidad. Probablemente pueda hacerse una pequeña biblioteca con los libros que ha publicado el gobierno con el mismo financiamiento y eso no lo convierte en un gobierno títere de los EEUU.

Con esta actitud, el gobierno daña gravemente al movimiento indígena, pero, a la postre, se daña más a sí mismo y al proceso revolucionario al que se debe. Alineada a otros actos con el mismo desafortunado sentido de prepotencia y exclusión, como el encaramiento represivo del conflicto en Caranavi o la ruptura unilateral con el MSM, esta actitud pareciera dar cuenta de una extraña y autodestructiva estrategia de desagregación social y política. En mi estupor todavía incrédulo me pregunto por qué.
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* Alejandro Almaráz, es ex viceministro de Tierras de Bolivia.

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