Perú: Civiles de Bagua. Una justicia que tarda y nunca llega

Servindi – Un año después del conflicto entre el gobierno y los indígenas amazónicos las heridas aún siguen vivas y los familiares de las víctimas civiles del conflicto claman justicia e indemnización por parte del Estado que no atiende a los civiles sin ninguna participación activa en el conflicto.

En tal sentido, miembros de organizaciones de derechos humanos invocan al Estado peruano atender la situación de los familiares de los fallecidos y de los doscientos heridos y no esperar que resoluciones judiciales obliguen a atender estos casos.

Testimonios

Nancy Aldana Mendoza, recuerda como si fuera una pesadilla, aquel fatídico día en donde su esposo, Angel Pozzo Chipana fue uno de los primeros en cruzar la puerta de su casa rumbo a la calle sin presagiar que afuera lo esperaba la muerte vestida de uniforme.

Un policía nervioso disparaba a diestra y siniestra a la multitud y lo hirió de bala. La orden era evitar a toda costa que los manifestantes tomaran la comisaria de Bagua. La herida en el abdomen acabó con su vida.

Dejó de existir el 6 de junio a las 2 de la tarde en un hospital repleto de heridos que llegaban por docenas como si hubiera estallado una guerra en medio de la selva.

Laydi Luz Montes, herida de un disparo Maritza Angélica Gonzáles Perez, madre de Laydi Luz Montes, una niña de siete años que fue herida mientras jugaba cerca de su casa, recordó con pesar los días en que su hija fue alcanzada por un proyectil de los policías:

“Ese día estábamos a 30 kilómetros de la Curva del Diablo, en Bagua Grande, donde llegaron los nativos que habían estado allí, los policías vinieron tras de ellos y comenzaron a disparar al aire.

Bajaban de los helicópteros a los techos y comenzaron a disparar. Mi hija estaba a dos puertas de mi casa, en casa de una vecina. Allí fue cuando le cayó la bala”.

Rufina Linares Terrones, viuda de Alejandro Salazar Huamaní, ejecutado extrajudicialmente en Bagua, demandó justicia a las autoridades tras un año en que su esposo fue muerto:

“Yo estaba cocinando cuando recibí la noticia de que mi esposo había sido llevado al Hospital Santiago Apóstol. Fui a verlo y lo encontré sin vida. Ha sido muy duro para nosotros todo este tiempo, por eso pido a las autoridades que se haga justicia para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”. Rufina quedó viuda con cuatro menores hijos.

Uso excesivo de la fuerza

Miguel Jugo, director de Proyección Institucional de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) afirma que los informes de las comisiones investigadoras, tanto del Congreso, como las creadas a nivel del Ministerio de Agricultura, sobre estos hechos coinciden en tres temas.

El primero, que las razones de la movilización eran justas porque había un problema de abandono de los pueblos de la amazonia y un problema de no consulta.

Segundo, que discursos como el del ‘perro del hortelano’, en lugar de generar una distensión en la zona, más bien generaba situaciones de incertidumbre y zozobra, afectando el honor de los indígenas.

Y en tercer lugar, las comisiones coinciden en que los hechos de La Curva del Diablo ocurren producto de un operativo policial mal implementado.

“En esa línea podemos decir que hay responsabilidades materiales identificadas hasta este momento, como la Ministra del Interior, el Director de la PNP, el Director del operativo y el conjunto de policías que estuvieron en dicha zona, dirigiendo el despliegue”, remarcó Jugo.

“La investigación realizada debería ser tomada en cuenta por la fiscal Bobadilla, para que efectúe la denuncia y de una vez se inicie un proceso que lleve a individualizar a los responsables de las muertes en las ciudades de Bagua y Bagua Grande” indicó.

“Es importante precisar -agrega- que en estos lugares no hubo enfrentamiento, sino un uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP que afectó a la población civil” finalizó el representante de APRODEH.

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