Una delegación peruana se reunió hoy con el relator especial de la ONU James Anaya, a quién expuso el lesivo alcance del acuerdo adoptado el martes 13 de julio por la Comisión de Constitución del Congreso del Perú.
El nuevo dictamen de la comisión acepta todas las observaciones del gobierno a la autógrafa de Ley de Consulta aprobada por el Congreso que -como ha sido denunciado por organizaciones y especialistas- desnaturaliza y vulnera drásticamente el derecho a la consulta.
La delegación estuvo integrada por Cecilio Soria, delegado de la organización indígena ORAU -base de la nacional AIDESEP-, y Oseas Barbarán de la organización CONAP.
La comitiva peruana entregó al Relator Anaya el comunicado de protesta suscrito ayer por las organizaciones indígenas nacionales de Perú: Aidesep, Conacami, CCP y CNA.
También integró la comitiva Hernán Coronado, Coordinador del Grupo sobre Pueblos Indígenasos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y miembro del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Dora Ramos de CARE Perú.
Coronado explicó que la Comisión de Constitución no solo se ha allanado a las observaciones del Ejecutivo sino que ha ido más allá al restringir la consulta solo a las comunidades que posean títulos de propiedad.
Es decir, ya se trate de comunidades nativas o campesinas, estas no serán consultadas sobre las medidas que los afecten si es que no tienen sus títulos en regla, lo que vulnera el derecho al territorio.
Otro cuestionamiento al dictamen es que se insiste en que el Estado peruano dará privilegio al “interés” por sobre los “derechos” al confrontar un impreciso “interés nacional” con los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El nuevo dictamen también elimina la posibilidad de acudir a la vía judicial luego de agotarse la vía administrativa y se ha retirado del texto aprobado el 19 de mayo la parte que señala que los funcionarios actúan bajo responsabilidad.
En lo que se refiere a la representación indígena en los procesos de consulta también se cuestionó el que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervise la elección violando la autonomía de los pueblos indígenas.
La comitiva peruana sustentó la gravedad jurídica que entraña la decisión de la Comisión de Constitución para los pueblos y comunidades indígenas del Perú.
Precisamente, el CAAAP elaboró un estudio detallado sobre las observaciones del Ejecutivo en el que concluye que son incosistentes y “responden a un interés político de escaso análisis jurídico”.
La comitiva enfatizó que de prosperar la intención del gobierno de aprobar y promulgar la nueva versión de Ley de Consulta el Estado se colocará en contra de sus obligaciones internacionales y de la propia Constitución Política.
Contexto de amenaza
La situación es particularmente grave si se considera que el gobierno peruano suscribió un acuerdo de integración energética con el vecino país de Brasil. En virtud de éste se construirán mega centrales hidroeléctricas, algunos de ellos sobre territorios indígenas.
Del mismo modo, existen 25 nuevas concesiones de lotes de hidrocarburos que incrementarán el área concesionada de la amazonía peruana, que acualmente alcanza el 70 por ciento del total.
Estos y otros proyectos se promoverían sin una Ley de Consulta que permita aplicar de manera efectiva este derecho a todos los pueblos y comunidades afectados, pues como lo observó Hernán Coronado, de acuerdo al nuevo dictamen sólo de aplicaría a las comunidades tituladas.
El Foro Permanente y el Mecanismo de Expertos
También fueron informados de los acuerdos de la Comisión de Constitución Carlos Mamani Condori, Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y José Carlos Morales, Presidente del Mecanismo de Expertos para los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos instancias de las Naciones Unidas.
Todos ellos se encuentran participando en la tercera sesión del Mecanismo de Expertos que se realiza del 12 al 16 de julio en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza
Retroceso jurídico
Del mismo modo, hoy se realizó a la 1 de la tarde (hora suiza) el evento paralelo: “La Institucionalidad del Derecho a la Consulta y Derecho al Desarrollo. El Caso peruano” donde se denunció el reciente atropello y retroceso respecto a los derechos de los pueblos indígenas.
En el evento Hernán Coronado destacó que el gobierno ha retrocedido jurídicamente cientos de años pues ahora se pretende discutir no los derechos de los pueblos indígenas sino si es que éstos existen realmente.
Fernanda Doz Costa, del Programa de Américas de Amnistía Internacional, expresó la preocupación de los organismos internacionales de derechos humanos por el proceso peruano y que luego de generar mucha expectativa por los avances ahora produce un retroceso que decepciona.
Amnistía Internacional ha seguido de cerca los acontecimientos de Bagua, adonde envió una misión especial, y observó que la Ley de Consulta consensuada significó un avance ejemplar.
Sin embargo, con el nuevo dictamen se revela el escaso interés y voluntad política del actual gobierno peruano por hacer efectivo los derechos de los pueblos indigenas, expresó.
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