Roberto Aguirre
Más de cinco millones de niños que viven en Argentina se encuentran en riesgo de ser afectados por la contaminación ambiental en cualquiera de sus formas. Así se desprende de un estudio de Defensoría del Pueblo de la Nación que, además, consigna que la mayoría se ellos se encuentra en las zonas geográficamente más pobres.
La contaminación por agrotóxicos, industrias y extracción petrolera, sumada a la vulnerabilidad por no acceder a las condiciones sanitarias básicas, convierten a los niños en potenciales víctimas de contraer enfermedades y atentan directamente contra todos los derechos consagrados internacionalmente para la infancia.
El estudio de Defensoría del Pueblo creó un “Atlas de la Niñez en Riesgo Ambiental de la Argentina”, un mapa que permite ubicar las situaciones más complejas. De esta forma se evidencia que, por ejemplo, los lugares donde los menores son más vulnerables por contaminación a causa de agrotóxicos coinciden con aquellos donde la producción sojera se extiende de manera más marcada.
Tres millones y medios de niños habitan en estas regiones del país, donde se instauró un modelo productivo a base de plaguicidas y herbicidas. Mientras que las plantas genéticamente alteradas toleran la alta concentración de veneno, los seres humanos se ven directamente afectados por las fumigaciones, sobre todo cuando se realizan desde el aire o bien sin las medidas de precaución necesarias. Lo mismo ocurre con el residuo que queda en la tierra y que a menudo contamina el agua.
Si, además, la zona productiva se ubica en las regiones más pobres, las consecuencias son aún peores. El riesgo de contaminación por agrotóxicos aumenta dramáticamente cuando la producción se da en las afueras de zonas urbanas. En ese sentido, las provincias de Mendoza y San Juan (productoras de vino), junto con Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (esencialmente sojeras y trigueras), se encuentran a la cabeza.
La contaminación tiene muchas posibilidades de extenderse en lugares con necesidades básicas insatisfechas. La ausencia de saneamiento básico también se convierte en una potencial arma contra los niños. El “Atlas de la Niñez en Riesgo muestra que es en el norte, la zona geográficamente más pobre del país, donde existen mayores vulnerabilidades por este motivo. En las provincias de Formosa, Chaco y Misiones, ubicados al noreste, la pobreza promedia el 16 por ciento y la indigencia el 5 por ciento,” según los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En los últimos tiempos, la institución quedó en medio de una fuerte polémica por supuesta manipulación de los números, por lo que varios estudios privados señalan que los índices podrían ser aún más altos.
Otro de los puntos más preocupantes es el de la contaminación industrial. El crecimiento económico de los últimos años generó un boom de industrias que se ubican en los alrededores de las grandes ciudades argentinas. Sin embargo, varias décadas de inacción, la excesiva concentración y la falta de controles sobre todo a nivel de los gobiernos regionales llevó a numerosos casos de contaminación, por ejemplo, de varias cuencas hídricas en todo el país.
Es así como la ciudad de Rosario (la segunda más grande del país), junto con varios distritos de la provincia de Buenos Aires (cercanos a la capital argentina), se ubican a la cabeza de la lista de las regiones con más riesgo ambiental para los niños.
Un párrafo aparte merece la contaminación por actividad petrolera y extracción minera. En el primer caso, las provincias ubicadas sobre cuencas son las más afectadas. Encabeza la lista Neuquén, donde la concentración de pozos de extracción a metros de zonas urbanas genera cotidianamente distintos casos de enfermedades. También en este distrito se detectaron en los últimos 20 años numerosos casos de contaminación del suelo y las napas con metales pesados. Estudios privados afirman que el pasivo ambiental ascendería a mil millones de dólares en toda la cuenca petrolera neuquina, operada en su mayoría por empresas extranjeras.
El caso de la minería, en tanto, tuvo que ser quitado del estudio de Defensoría del Pueblo. No porque no exista un potencial daño, sino porque todos los estamentos encargados de fiscalizar al actividad, tanto a nivel nacional como provincial, se negaron sistemáticamente a otorgar datos, según confiaron fuentes de esta institución. Los efectos que la minería, tanto tradicional como a cielo abierto, está generando en el medioambiente son sólo conocidos gracias al accionar de las organizaciones sociales. El silencio oficial, claro está, es una manera de tapar la depredación.
Según reseña el trabajo de Defensoría del Pueblo, para realizar el “Mapa de Riesgo Ambiental” se cruzaron datos con un estudio previo sobre la vulnerabilidad social de la niñez. Para llegar a estas conclusiones se realizaron distintos relevamientos de la siguiente forma: “El Índice de Contaminación Industrial consideró el número de establecimientos, su rubro y tamaño. El Índice de Contaminación por Plaguicidas se compuso a partir de la superficie sembrada de cada cultivo, los plaguicidas empleados en cada cultivo, su dosis de aplicación y toxicidad. El Índice de Saneamiento Básico Insuficiente fue elaborado a partir del número de niños con provisión y procedencia de agua no segura y falta de servicio cloacal. El Índice de Actividad Petrolera (en su faz de Extracción de Petróleo Crudo y Gas) contempló el número de pozos, la producción de gas y petróleo de cada cuenca petrolífera y la distancia de los pozos a los asentamientos humanos”.
El estudio fue realizado con el apoyo de UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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