Nosotros, observadores internacionales del conflicto de Curuguaty, manifestamos nuestro entendimiento a partir de la visita realizada los días 26 al 29 de julio de 2015.
Estuvimos con los procesados, sus familiares y con familiares de las víctimas de la Masacre de Marina Cue y también en el juicio de los días 27 y 28 de julio, donde se determinó la suspensión de la instancia decisiva hasta el día lunes 3 de agosto del corriente.
Pudimos verificar que las instituciones del sistema de justicia de la República del Paraguay no están buscando saber las causas que originaron el conflicto, a saber:
1. A quién/quiénes pertenece la propiedad donde se desató el conflicto.
2. Por qué el Estado paraguayo no garantiza el derecho a la tierra de las familias afectadas.
3. Por qué el uso desproporcionado de la fuerza policial para tratar a los campesinos.
La no investigación de las causas del conflicto hace entender que la Justicia paraguaya solo está juzgando las muertes de los policías, no así las de los campesinos.
Se percibe en la sociedad y en las familias una falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia paraguayo. Esta desconfianza también fue percibida por los observadores cuando, durante el juicio del día 28 de julio, el juez que presidía la mesa del tribunal afirmó no poder otorgar el plazo solicitado para que el nuevo abogado de los procesados pudiera prepararse, ya que existía una presión de la prensa que solicitaba conocer la condena. Tal declaración dio indicios de la falta de independencia de los agentes de la Justicia paraguaya.
Finalmente, consideramos que hay que esperar de la actuación del Estado democrático la concreción de la justicia social y no la respuesta a intereses particulares que afecten negativamente la búsqueda de la verdad.
Declaramos nuestra solidaridad a la lucha del pueblo paraguayo por la democratización de las tierras y demás bienes naturales, y anhelamos que se garantice, en los hechos, los derechos humanos básicos y procesales, en condiciones de igualdad para las personas acusadas, particularmente del caso Curuguaty.
A nuestro entender la Justicia debería:
• Declarar la Nulidad del juicio. Teniendo en cuanta las múltiples y diversas irregularidades en la causa que son de público conocimiento desde el momento en que el fiscal Jalil Rachid asumió el Caso Curuguaty
• Liberar a los procesados y detenidos. Las causas por las que están en prisión domiciliaria no son justas. Se los acusa de homicidio doloso en grado de tentativa cuando en estos años no ha habido una sola prueba que relacione las armas disparadas con los procesados y por lo no procedente de caratular de tentativa a un hecho que fue consumado. Se los acusa de asociación ilícita privándoseles del derecho de estar organizados para defender su territorio. Se los acusa de invasión de la propiedad ajena cuando el mismo estado a través del IDERT ha reconocido que la propiedad es de la Armada Paraguaya y por lo tanto nunca habría que haber procedido con un desalojo. Se los acusa de frustración de la ejecución penal cuando lo único que se hizo fue asistir a una persona herida.
• Reconocer la propiedad por parte del estado de las tierras donde se desató la masacre y reconocerle a las familias de las víctimas y a las que habitan desde hace muchos años la zona la titulación de las mismas
• Investigar a los verdaderos responsables de la Masacre y retirar los sumarios labrados a los abogados de la defensa en todo el proceso por carecer de fundamentos
• Resarcir y reparar a las familias de las víctimas por ser sometidas a un proceso injusto que incluye todo tipo de actos violentos como abandonos, ejecuciones, torturas psicológicas y físicas.
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