Rondas campesinas exigen que no se omita su función en nuevo Código Penal

Servindi – El artículo 16 del proyecto de nuevo Código Penal fue nuevamente rechazado por las rondas campesinas durante una audiencia pública en el Congreso de la República, pese al anuncio de su eliminación realizado hace algún tiempo.

Como se recuerda el citado artículo fue blanco de numerosas críticas debido a que omitía atribuciones reconocidas hasta hoy a las rondas campesinas.

Fue por ello que al final de la reunión, que tuvo lugar el pasado miércoles, la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) suscribió un pronunciamiento en que pide que iniciativas de este tipo no se sigan promoviendo.

Recordaron así que el mencionado proyecto, que contó con el aval del congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, lo que buscaba era restringir el reconocimiento pleno de su “sistema jurídico propio establecido en el Derecho Internacional y la Constitución Política del Perú de 1993″.

Indicaron en ese sentido que las rondas campesinas “tienen el derecho de administrar justicia en sus ámbitos territoriales, aplicando su propio derecho a cualquier persona y sobre todo tipo de materia”, siempre  en concordancia con lo establecido en la Carta Magna, la jurisprudencia de la Corte Suprema, y el Convenio N° 169 de la OIT.

Propuesta de la rondas

Ydelso Hernández Llamo, presidente de la CUNARC-P, durante el evento, organizado por el despacho del congresista Jorge Rimarachín, manifestó que han presentado una propuesta propia para que las rondas sean reconocidas en el nuevo Código Penal.

Según dijo, los 130 congresistas ya están informados al respecto.

Dicha propuesta tiene sustento en la jurisprudencia antes citada, más precisamente en los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT, el artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo Plenario N° 01-2009-116 de la Corte Suprema y el artículo 1 de la Ley de Rondas Campesinas.

Sobre la eliminación del artículo 16 de la propuesta avalada por el congresista Eguren, Hernández Llamo informó que este le manifestó que próximamente le hará llegar una nueva propuesta en la que se suprimirán los puntos cuestionados por las rondas.

Asimismo reconoció el valor de que tuvo que una serie de instituciones se pronunciara en contra del dictamen que ya se encontraba camino al Pleno del Congreso.

“O sea que si no protestamos, no reclamamos, ellos (los congresistas) simplemente aprobaban de acuerdo a lo que les da la gana. Incluso para criminalizar a las rondas campesinas”, denunció.

A su turno Raquel Yrigoyen, doctora en derecho y representante del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS), explicó el marco histórico y legal de la Justicia Indígena en el Perú, y las normas internacionales que la promueven y defienden.

Ella recordó la obligación del Estado peruano de hacer cumplir el Convenio 169 y adecuar la normativa interna a los derechos de pueblos originarios.

Al respecto  advirtió que hasta el momento solo se ha acondicionado el Código Procesal Penal, en su artículo 18, inciso 3.

Este párrafo expresa el límite de la jurisdicción penal ordinaria de los hechos punibles en el artículo 149 de la Constitución. Sin embargo, Yrigoyen criticó que esta norma no sea aplicada por las autoridades competentes actualmente.

Motivo por el cual más de un rondero o miembro de alguna comunidad nativa mantiene uno o más procesos penales acusados de diversos delitos.

El legislador Jorge Rimarachín cerró la audiencia comentando que continuará apoyando a las rondas campesinas y a las comunidades en su demanda.

En la audiencia también estuvieron presentes Sabino Sonco Mamani, vicepresidente de la CUNARC-P; y otros representantes ronderos como Avelino Palacios, de la región Ayacucho; Edilberto Vivar, de la región Áncash; e Ildo Esquivel, de la región La Libertad.

Los líderes ronderos coincidieron que el Gobierno debe reconocer la importancia de sus funciones en sus respectivas comunidades, ya que consideraron que imparten justicia de manera eficiente y sin ocasionar gasto alguno al Estado.