El sociólogo lleva más de ocho años, junto a un grupo de investigadores e instituciones, en labores de denuncia de empresas hidroeléctricas del río Madera entre Bolivia y Brasil
Por Gabriel Díez Lacunza , de La Paz, em Página Siete
El sociólogo brasileño Luis Fernando Novoa visitó el país para dar cuenta de las investigaciones que él y un grupo de investigadores desarrollan desde hace ocho años para denunciar la construcción de represas hidroeléctricas en el río Madera, en la frontera entre Brasil y Bolivia.
Una de las hipótesis que sostiene es la relación directa entre las inundaciones en Beni y Pando con el funcionamiento de las represas de Jirau y San Antonio. Este investigador espera un fallo judicial en Brasil para acceder a información que le permita confirmar su hipótesis.
El experto conversó con Página Siete sobre el trabajo que se realizó durante estos años y el estado de una solicitud vía legal a la justicia del vecino país de información para confirmar su hipótesis principal. Considera que se debe invertir más en investigaciones de la región amazónica para prevenir estas situaciones. “Lo que sucede es que la Amazonia es una zona muy explotada, pero poco estudiada”, comenta.
¿Cuál es la situación de las dos grandes represas hidroeléctricas sobre el río Madera?
Cuando se trata de grandes proyectos, con intereses muy cristalizados, los estados y específicamente el Estado brasileño, está muy comprometido con el negocio. Incluso financia gran parte de este (negocio de represas), estamos hablando del Banco Nacional de Desarrollo (de Brasil).
Hay muy poca autonomía y poca responsabilidad para tratar de investigar responsabilidades y apuntar hacia el futuro (con) medias de precaución. Porque empresas del Estado (brasileño) están muy involucradas en ese proceso. Tratamos de construir espacios autónomos de evaluación, de investigación y por eso buscamos (a) la justicia brasileña.
¿En qué consiste la investigación que está realizando?
Somos un conjunto de investigadores de Brasil, también de organizaciones sociales, también el Ministerio Público Federal junto otras organizaciones de fiscalía como la Defensoría Pública, como el Órgano de Abogados de Brasil, asociaciones de investigadores autónomos.
Nos reunimos para hacer una evaluación lo más rigurosa posible porque no se trata apenas del río Madera. (Sino) de todos los demás proyectos hidroeléctricos de gran porte que se están planeando construir en los próximos años.
¿Cuál es la relación entre el funcionamiento de estas represas en el río Madera con las inundaciones en Beni y Pando de principios de año?
En esta catástrofe que sucedió no está clarificada aún cuál fue el rol que jugaron las dos represas. Queremos saber eso con mucha exactitud para tener seguridad en futuros estudios. Es una experiencia que interesó acá, a la sociedad boliviana, que se preocupa de la misma manera no sólo con los efectos inmediatos y terribles que sufrieron las poblaciones de Beni y Pando con la crecida (de los ríos), sino con el seguimiento a la continuidad del Proyecto Madera que propone dos hidroeléctricas (más).
¿Cuándo se iniciaron estas investigaciones?
Cuando se plantean los proyectos en Brasil ya estábamos haciendo el seguimiento y evaluaciones independientes en 2006 e hicieron las audiencias públicas. Ahí poníamos cuestiones y veíamos que había un gran acuerdo para que se aprobaran las represas de Jirau y San Antonio sin mayor rigor técnico y sin mayor diálogo social.
Si vas a poner una gran barrera en la región eso significa un cambio muy grande. Entonces, se debería haber tenido más tiempo y más profundización en los estudios y más diálogo social. Eso no pasó.
Entonces, desde 2006 venimos investigando los efectos de la no incorporación de estos criterios técnicos y sociales en la implementación de estas dos represas en el Madera.
¿Qué están solicitando ahora a la justicia brasileña?
Ahora estamos tratando de exigir judicialmente, porque las empresas no pasan los datos, todos los datos del cronograma de esta catástrofe. Esto para mirar de qué forma podría ser diferente y cómo eso causó una sobreinundación y mirar toda la región afectada. Mirar las inundaciones con las represas, mirar los dos vectores juntos para llegar a una conclusión.
No por esto estamos en contra de las hidroeléctricas, sino que queremos que las manejen de la forma más responsable y de la forma que produzca menos daños a las poblaciones.
¿Qué tipo de empresas son?
Son dos grandes consorcios. Es uno de los proyectos más grandes en infraestructura y construcción en el mundo. Entonces, para juntar tantos recursos tuvieron que hacer consorcios, asociaciones empresariales privadas y públicas.
¿Cómo afecta esto a Bolivia?
Creo que las dos represas del río Madera son un ejemplo de cómo el capitalismo brasileño propone hechos consumados para Bolivia. Debería haber una participación igualitaria y soberana de los países que hacen parte de la cuenca (del Amazonas). Entonces, desde el inicio hubo un atropello de intereses bolivianos.
Nosotros como investigadores y el propio Ministerio Público Federal (de Brasil) decíamos por un principio pragmático “si no está Bolivia, el 70% de la cuenca está en Bolivia, ¿cómo vamos a manejar estas dos represas sin que tengamos conocimiento de los niveles de agua de los (ríos) tributarios que bajan a Brasil?”.
El año 2014 fue la evidencia clara entre la ausencia de instrumentos de planeamiento conjunto entre Brasil y Bolivia.
¿Qué sucedió con los estudios de impacto ambiental previos a la construcción de Jirau y San Antonio?
Los estudios los patrocinó una de las empresas. Estos estudios deberían tener carácter público, neutral y más independiente. Pero los estudios fueron encomendados por la propia empresa interesada.
Cuando miramos el estudio de impacto ambiental, vemos una serie de errores, vacíos y problemas. El problema más grande es que colocar cualquier barrera que se ponga en este río Madera, por más que se ponga la mejor tecnología, va a significar una menor velocidad en el flujo del agua. Y eso significa que va a haber mayor sedimentación.
Lo que sucede es que la Amazonia es una zona muy explotada, pero poco estudiada. Cuando hacemos proyectos no es de admirarse que vengan las catástrofes porque no se invierte en investigación.
¿Usted cree que los empresarios desconocían los posibles efectos como inundaciones?
Es dudoso que desconocieran porque desde 2006 un grupo de expertos, que contrató también el Ministerio Público de Brasil, ya preveía lo que pasó este año.
Ellos tenían este horizonte, pero lo veían muy distante. No quisieron invertir, quisieron sacar el máximo de energía a corto plazo