Prensa Latina, 18 de junio, 2014.- El presidente del Instituto Nacional del Indígena, Jorge Servin, destacó la ilegalidad de la operación de desalojo de indígenas en el departamento paraguayo de Canindeyú que culminó con un muerto y 12 heridos.
El fallecido es un guardia privado integrante de un grupo contratado por la empresa ganadera que ordenó la expulsión de los nativos de su asentamiento, a pesar de ellos reivindicarlo como un lugar sagrado en el cual vivieron siempre sus antepasados.
Servin negó la versión de la fiscalía, la cual apoyó a la empresa ganadera acusando a los rurales de usar armas de fuego contra los guardias y ser causantes de la muerte de uno de ellos y heridas a otros.
En realidad, de acuerdo con el funcionario, los heridos de bala fueron causados por el “fuego amigo” de los propios guardias que rodearon el asentamiento e iniciaron la balacera.
Los indígenas no tienen armas de fuego ni dinero siquiera para comprar una bala, explicó.
Agregó que los ganaderos violaron las leyes al contratar a privados para realizar el desalojo, algo solo autorizado a la fuerza pública, con el agravante de que la empresa de seguridad a la cual recurrieron no es legal.
Críticó a la fiscalía por aceptar esta situación y acusar a los indígenas de lo sucedido y aseguró que el Instituto intervendrá para lograr un diálogo, pues los nativos permanecen controlando aún las tierras ocupadas tras obligar a retroceder a los guardias privados.
Ocho indígenas, entre ellos una mujer herida a balazos y en grave estado, fueron atendidos en hospitales cercanos al distrito de Corpus Christi, lugar exacto donde sucedió el enfrentamiento.
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