Servindi – Una misión internacional de observadores que visitó a mediados de mes cuatro departamentos de Paraguay, reveló en un informe preliminar graves violaciones a los derechos de los campesinos e indígenas por parte del Estado y grupos paramilitares relacionados al sector agro exportador.
La misión conformada por 43 representantes de organizaciones de Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se conformó en el marco de ley Nº 1337 de Defensa Nacional y Seguridad interna.
Tras su visita a los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Canindeyú, los observadores emitieron, el 14 de noviembre, un informe preliminar donde advierten la “precariedad e irregularidad” de las institucionalidad estatal acerca de los derechos humanos.
La misión denunció el aumento de prácticas represivas del Estado por haberse dado funciones de control de orden interno a los cuerpos militares y aprobado normas que debilitan las garantías a la población.
Tales medidas han conducido a una desarticulación y debilitamiento del tejido social y sus organizaciones mediante el amedrentamiento constante, aseguraron.
Los observadores afirmaron haber recibido información sobre el rechazo a la concentración de la tierra y el crecimiento del “modelo sojero” de producción, el cual requiere el uso de agrotóxicos nocivos para la salud y el medio ambiente.
“Altísima vulneración de derechos”
La misión consideró que el Estado reacciona a las reivindicaciones territoriales y ambientales mediante políticas de “seguridad interna”, las cuales conllevan a la instauración de un “estado de excepción” permanente.
Tal condición se traduce en una “altísima vulneración de derechos”, especialmente territoriales, de las familias, afectando su cultura y formas de vida, asegura el informe.
Al respecto, la misión acusó al Estado paraguayo de incumplir la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado a restituirle sus tierras ancestrales a la comunidad indígena Sawhoyamaxa.
Por otra parte, basándose en los testimonios recogidos, la misión calificó de “inoperante” a la administración de justicia en las zonas visitadas.
Asimismo, aseguró que ésta es usada como un “instrumento de agresión” contra los defensores de los derechos humanos, líderes campesinos, comunicadores y otros profesionales que son “judicializados sin fundamento”.
Afirmó también que se deja con absoluta impunidad las violaciones a derechos humanos.
Paramilitares y agro exportadores
El reporte advierte de la existencia de “grupos paramilitares” que defienden los intereses del sector agroexportador y el narcotráfico.
Tales agrupaciones serían responsables de asesinatos y actuarían en complicidad con la fuerza pública, indicó la misión.
Exigen controlar intervención militar
Finalizando el informe, la misión de observadores pidió al Estado paraguayo implementar mecanismos para que las fuerzas armadas cumplan estrictamente los estándares legales nacionales e internacionales.
Exigió también que se deroguen las recientes reformas a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que “crean las condiciones para la profundización del patrón represivo desde el Estado”, afirmó.
Pidió derogar las modificaciones al Código Procesal Penal “que facilitan la violación del debido proceso y la impunidad de los perpetradores de abusos de poder”, e instó a los jueces a que apliquen los estándares de derechos humanos y “control de convencionalidad” en sus sentencias.
Los observadores demandaron a la Fiscalía General del Estado “investigar administrativamente” las actuaciones de los Agentes Fiscales para “evitar la impunidad de los patrones de abusos en los contextos de detenciones, allanamientos y desalojos”.
Igualmente exigieron investigar “con celeridad” casos de tortura y tratos crueles “que siguen ocurriendo de forma sistemática”, indicaron.
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