Como asesora Legislativa de la CONTAG, Adriana viene desarrollando una extraordinaria labor de cabildeo en el Congreso Nacional, y ahora colaborando con la Campaña de la Confederación y la UITA contra las modificaciones que se pretenden introducir a la Propuesta de Enmienda Constitucional (más conocida como PEC en Brasil) sobre el Trabajo Esclavo.
Gerardo Iglesias entrevista Adriana Borba Fetzner, em UITA
-¿Háblanos de la génesis de esta PEC?
-Una Propuesta de Enmienda Constitucional puede ser presentada tanto por senadores como por diputados del Congreso Nacional, y necesita 3/5 de los votos del Congreso para ser remitida a la Presidencia de la República.
La CONTAG, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la Asociación de Procuradores de Trabajo (ANPT) y centrales sindicales, entre otras organizaciones, propusieron en 1993 un proyecto en el cual se solicitaba la expropiación de tierras donde fuese constatado trabajo esclavo.
De ese momento y en ese escenario es que surgió el Foro Permanente contra la Violencia en el Campo.
-Pero su presentación tomó tiempo…
-Fue presentada en 1995 por el senador Ademir Andrade (PSDB-PA). Desde ese entonces esta PEC transita en el Congreso Nacional.
-¿Por qué no se ha aprobado todavía?
Siempre fue muy difícil que esta PEC avanzara, pero se logró que pasara por el Senado y llegara a Diputados, donde se agregó la cláusula de expropiación de áreas urbanas en las que también se detecte trabajo esclavo; pero casi 20 años después la discusión continúa.
El gran rechazo de fondo es a la expropiación de tierras, y ahora se agrega al trabajo degradante, y por eso esta PEC ha estado encajonada durante años.
En 1999 se aprobó en primera instancia. En 2004 hubo un hecho lamentable, conocido como la Masacre de Unaí: tres fiscalizadores agrarios del Ministerio de Trabajo y su chofer fueron asesinados mientras realizaban su labor ante la denuncia de trabajo esclavo en haciendas del ex intendente de Unaí, Antero Mânica.
Este hecho conmocionó a la opinión pública y política y logramos que la PEC avanzara un casillero más y se aprobó en Diputados.
El acuerdo se concretó, y se integró una Comisión especial para discutir el tema, todo de forma muy sigilosa. El resultado fue que eliminaron del concepto trabajo esclavo las condiciones de trabajo degradante y jornada extenuante, y solo se podrá condenar al propietario jurídico o físico después de la última instancia de un proceso judicial, o sea, una vez transcurridos tal vez unos 60 años teniendo en cuenta los antecedentes judiciales en este país.
Un gran retroceso
-Y si el trabajador es tercerizado, ¿cuál es la responsabilidad del dueño del establecimiento en este caso?
-¿Cuál es la dimensión del trabajo esclavo en Brasil?
-Hay un fenómeno nuevo en el área urbana, afectando mayoritariamente a inmigrantes y, como decía, vinculados al sector textil. En el área rural se habla de alrededor de 20.000 trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud, pero pueden ser muchos más, seguro.
-Brasil, el último país en abolir la esclavitud, y ahora esto…
-Pues sí, parece que esta cultura esclavista, colonialista, explotadora es la que mantiene esta ceguera ante situaciones de trabajo esclavo.
Para que tengas una idea, un senador, João Ribeiro, tiene una propiedad en la cual los fiscales del Ministerio Público del Trabajo encontraron 35 trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud. Estaba en curso el juicio de indemnización para estos trabajadores, ni siquiera la expropiación de la tierra. En 2005, el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia, Gilmar Méndes, archivó el caso a pesar de que en la instancia anterior una jueza había condenado al senador.
-¿Cuál es la principal bandera de lucha de CONTAG en relación a esta PEC?
-Estamos a favor de la PEC, pero no de la reglamentación. Queremos que sea aprobada tal como está, con el concepto de trabajo esclavo como lo dispone el Código Penal brasileño y que sea usado como referente por los fiscales de trabajo.
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