Puñalada por la espalda a los pueblos indígenas brasileños

En vísperas de una reunión de los liderazgos de los pueblos con la presidenta Dilma Rousseff, diputados y gobierno buscan aprobar una ley que legalizará las invasiones a los territorios indígenas

ISA*

Brasil – La maniobra urdida entre ruralistas, miembros del gobierno y el presidente de la cámara de diputados para invadir las tierras indígenas provocó fuerte indignación de representantes de estos pueblos, por la afectación a sus derechos constitucionales.

El presidente de la cámara de diputados, Enrique Eduardo Alves, refrendó el acuerdo entre los líderes de bancadas, con apoyo del líder del gobierno, para aprobar en el pleno un requerimiento de urgencia para votar el Proyecto de Ley Complementaria (PLP) 227/2012, del diputado Homero Pereira (Partido Social Demócrata, Mato Grosso – PSD/MT).

El PLP, de autoría del diputado que también es vicepresidente de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA), permite que se realicen asentamientos de reforma agraria dentro de tierras indígenas, así como que se distribuyan tierras a agroempresarios y que permanezcan los invasores “de buena fe” en los territorios indebidamente ocupados.

En abril de este año, Henrique Alves decidió instalar una comisión especial para aprobar el proyecto de enmienda constitucional número 215 (PEC 215), que busca someter al Congreso Nacional las demarcaciones de tierras indígenas. Esto provocará que la oficialización de los territorios indígenas quede virtualmente paralizada. Representantes indígenas que estuvieron en Brasilia para participar de las actividades de la Semana del Indio ocuparon el plenario de la Cámara para protestar. Tras los eventos, Henrique Alves se comprometió a constituir una comisión de negociación y a no someter a votación la propuesta que atenta contra los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.

Ahora, sin aviso público previo o siquiera a la misma comisión de negociación creada por el mismo Alves, el diputado apoyó – con la cobertura del gobierno – la votación de urgencia para otra proposición, mucho más grave que la PEC 215, ya que afecta incluso a las tierras ya demarcadas. En los bastidores del Congreso Nacional consta que el apoyo de la bancada del gobierno a la proposición viene del trabajo liderado por el abogado general de la unión, Luis Inácio Adams, y por la ministra del gobierno, Gleisi Hofmann. Con inédita hipocresía, el gobierno de Dilma Rousseff llamó a los indígenas a negociar y, a la vez, les dio una puñalada por la espalda.

La maniobra urdida entre ruralistas, miembros del gobierno y el presidente de la cámara de diputados provocó fuerte indignación de representantes indígenas que llegaron a Brasilia para un encuentro con la presidenta Dilma Rousseff. La audiencia estuvo marcada por la intención de atenuar la indignación de los indígenas, en el contexto de varias otras audiencias que la presidencia mantuvo desde fines de junio con otros segmentos de la sociedad a consecuencia de las protestas que tomaron las calles de las ciudades brasileñas.

Sin embargo, como la maniobra ocurrió con la complicidad de los liderazgos del gobierno, se espera que la conversación de la presidenta con los indígenas se malogre, lo que posiblemente llevará a reacciones futuras contra el Congreso Nacional.

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) se reunió el 10 julio con la presidenta Dilma Rousseff, con la noticia de la maniobra emprendida por algunos diputados y miembros del gobierno para aprobar medidas legislativas en su contra. Ante los hechos, manifestaron su repudio a “cualesquiera intento de modificación en los procedimientos de demarcación de tierras indígenas”, y advirtieron que no admitirán retrocesos en la garantía de sus derechos.

En una carta que hicieron llegar a la presidenta después de la reunión, reivindicaron el archivamiento de todas las iniciativas legislativas en curso que perjudiquen los derechos indígenas. Además, demandaron que la gubernamental Fundación Nacional del Indio (Funai) cumpla con su papel sin la imposición de órganos relacionados con el agronegocio. Para esto, proponen la creación de un grupo de trabajo sobre la demarcación de tierras indígenas y políticas públicas especiales para la salud, educación, medio ambiente y sustentabilidad de comunidades indígenas.

*Traducción: Brisa Araujo