Servindi, 11 de setiembre, 2012.- El jueves 13 de setiembre se presentará a la prensa nacional y extranjera el Informe Alternativo 2012 sobre la situación de los pueblos indígenas en el Perú, a las 8:45 de la mañana en la Sala Quechua del Hotel Meliá, sito en la Av. Salaverry 2599, distrito de San Isidro.
El informe da cuenta del cumplimiento del Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la OIT y la situación de los pueblos indígenas en el Perú y corresponde al período agosto 2011-julio 2012. Es elaborado por organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil.
Es el sexto año consecutivo en que las organizaciones indígenas amazónicas y andinas del Perú, articuladas por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, envían de manera puntual el informe a la sede central de la OIT en Ginebra.
A un año de la aprobación de la Ley de Consulta Previa por el gobierno de Ollanta Humala, el informe subraya la persistencia del Estado en priorizar políticas extractivistas por sobre el cumplimiento de la Ley de Consulta y otros derechos de los pueblos indígenas.
Se presentará además los casos en los cuales se ha generado un conflicto entre el proyecto extractivo y la voluntad de los pueblos o comunidades originarias.
El informe señala que a junio del 2012 más de la cuarta parte del territorio nacional, es decir el 25.3% equivalente a 25’889,992.35 hectáreas han sido concesionadas a la minería.
Resaltan los casos del proyecto Conga de minera Yanacocha en Cajamarca y el de minera Xstrata en Espinar, Cusco. Casos emblemáticos por las controversias, conflictos y hasta muertes que han ocasionado al ser rechazadas por la población afectada o potencialmente afectada.
En el caso de los hidrocarburos, en septiembre de 2011 se realizaron contratos sobre 5 nuevos lotes para la explotación de hidrocarburos en la selva peruana, pese a que ya se había aprobado la ley de consulta.
El informe advierte además que la construcción de 20 hidroeléctricas a través de toda la cuenca del río Marañón entre Huánuco y Loreto impactaría en al menos siete regiones del país.
Asimismo, indica que la invasión de los territorios indígenas, aumenta el riesgo de la inseguridad alimentaria.
De acuerdo a esto, el sustento de miles de familias indígenas se ve amenazada por las políticas extractivistas puesto que, en muchos casos, las concesiones mineras y de hidrocarburos se superponen a las tierras productivas.
Para confirmar la asistencia comunicarse con Magali Zevallos, teléfonos: 016204916- 975535500. Correo electrónico: [email protected]
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