Los 90 Obispos y arzobispos señalaron que grandes proyectos en este sector representan altos riesgos para las comunidades.
Durante su asamblea plenaria celebrada en Bogotá, los 90 obispos y arzobispos del país trascendieron de los asuntos religiosos para abordar una problemática nacional: el impacto ambiental y social de la minería en el país.
“Somos conscientes de la gran importancia que tiene esta locomotora para el desarrollo del país, pero también sabemos de los grandes riesgos que representa para las comunidades y el medio ambiente”, advirtió monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal.
“Nos encontramos ante la realidad de centenares de concesiones mineras y grandes proyectos energéticos que están afectando nuestras comunidades rurales”, añadió Salazar, al afirmar que la Iglesia le hará un llamado al Gobierno nacional para que ejerza un mayor control a esta actividad.
Monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social, informó que su despacho realizó un estudio con 44 diócesis en todo el país y corroboró que en al menos el 27 por ciento del territorio nacional hay actividades de explotación o exploración minera.
“Hay presencia de minería en 36.000 hectáreas de parques nacionales, en 14.700 de zonas de reserva forestal, en 106.000 hectáreas de páramos y en 9.000 hectáreas de humedales”, denunció monseñor Henao, al afirmar que esto se convierte en una amenaza contra los recursos naturales.
La mayor parte de las diócesis considera que se prevé la reubicación o el desplazamiento de comunidades por proyectos minero-energéticos que están desarrollando grandes compañías nacionales e internacionales.
“Hay un fenómeno de desplazamiento y reubicación que tendría impactos sociales y culturales muy importantes”, añadió monseñor Henao al explicar que el desplazamiento o la reubicación es producto de la contaminación del agua o porque los campesinos ya no tienen dónde cultivar la tierra porque estos proyectos necesitan desarrollarse en sus territorios.
Este estudio hizo énfasis en Antioquia, el Magdalena Medio, la región Caribe (especialmente La Guajira), Cauca y Valle. También, en los Llanos orientales.
La Iglesia, además, denunció deterioro del tejido social y aumento de la inseguridad, ocasionados por esta industria, especialmente en el departamento del Chocó.
También se denunció la presencia de grupos armados ilegales en los proyectos mineros.
A la Iglesia también le preocupa la presencia de megaproyectos mineros en territorios ancestrales, lo que afecta las tradiciones y la supervivencia de las comunidades indígenas.
NO CONFUNDIR LO ARTESANAL CON LO QUE ES ILEGAL
En el marco de la Conferencia Episcopal que se celebra en Bogotá, la Iglesia colombiana pidió al Gobierno que haga una distinción clara entre lo que es minería artesanal e ilegal.
Indicó que no se debe confundir la minería como una forma de cultura de artesanos con aquellas explotaciones ilegales que hacen los grupos al margen de la ley para su financiamiento.
El grupo de prelados agregó que la construcción de hidroeléctricas, en departamentos como Antioquia, Boyacá y Huila está generando problemas de tensión social, en el que los pobladores de algunos territorios se sienten amenazados por estos proyectos de gran envergadura, y añadió que esta situación podría generar problemas de desplazamiento entre las comunidades cercanas a la edificación de las hidroeléctricas.
Enviada por Ruben Siqueira.
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