Servindi, 12 de junio, 2012.- Tras los hechos de violencia cometidos en contra de la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu la madrugada del 7 de junio que dejaron diez heridos, entre ellos niños y ancianos, organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas solicitaron la intervención del relator especial de Naciones Unidas, James Anaya.
Entre los pedidos que figuran en la carta enviada a Anaya con carácter de “urgente” y firmada por el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwín, las organizaciones piden a éste solicite información al Gobierno chileno sobre cómo se dio el allanamiento por parte de Carabineros que dejó tres heridos graves por impacto de perdigones.
Solicitan por este mismo medio que le den razón sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas por el Estado para evitar que hechos como estos se repitan y se llegue hasta los responsables para las sanciones del caso.
Asimismo piden al representante de Naciones Unidas que le hagan llegar información sobre las medidas implementadas de conformidad con el Convenio 169 de la OIT, respecto a la institución de procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos indígenas.
Daniel Melinao, vocero o werken de la comunidad, denunció que los efectivos de Carabineros ingresaron violentamente a la comunidad disparando balines de goma y perdigones. Señaló que en algunos casos se llegó a disparar a los miembros de la comunidad por la espalda.
Violencia injustificada
El allanamiento a la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu habría sido consecuencia de una orden de detención contra el comunero Erick Montoya y Eric Nahuelqueo, ambos acusados de homicidio frustrado en contra de Carabineros y un agricultor dueño del fundo La Romana, ocurrido en octubre de 2011.
El Defensor Nacional, Georgy Schubert Studen, señaló que la actuación de Carabineros resultó “desproporcionada, en la medida que afectó por igual no solo a los imputados (…), sino que a miembros inocentes de la comunidad, incluidos niños y ancianos que resultaron incluso gravemente heridos”.
Consideró “inexplicable” que para detener a dos personas imputadas se requiera el ingreso sorpresivo a la comunidad de un fiscal junto a decenas de policías, “cuya actuación ha vulnerado derechos y garantías básicas de todo ciudadano”.
Lo que dice el Gobierno
Por su parte el ministro de gobierno, Andrés Chadwick, aseguró, tal como lo informa el diario La Tercera, que las autoridades políticas no tiene ninguna responsabilidad en el allanamiento.
Afirmó así que el hecho responde a “una acción judicial del Ministerio Público que no involucran al gobierno sino que son el cumplimiento de órdenes que ha estado entregando el fiscal correspondiente”.
La demanda de tierras de los pueblos
Actualmente la comunidad Wente Winkul Mapu ocupa alrededor de 40 hectáreas, sin embargo ellos reivindican un total de 2.500 hectáreas que integraban el territorio de propiedad ancestral de sus antepasados.
Pese a que la comunidad se conformó el año 2008 y se legalizó el 2010 por 35 jóvenes familias ellos esperan hasta hora la respuesta del Estado respecto a la restitución de sus tierras de propiedad legal y/o ancestral, demanda que fue formalizada ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena el 2009.
La carta enviada a Anaya entre además de las demandas hechas por la población civil recuerda que James Anaya en 2009 estuvo ya en Chile y que en ese entonces instó a las autoridades competentes a investigar “las quejas de abusos y violencia contra las personas indígenas cometidas por miembros de la policía”.
Recuerda también que hasta el momento los abusos y la violencia ejercida por parte de la policía contra miembros del pueblo mapuche ya ha resultado en tres casos de homicidio, así como en centenares de casos de torturas y tratos crueles, incluso en contra de niños y ancianos.
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