La polémica levantada por la prensa, en torno a la ley anti-racismo, no tiene, como fundamento, al derecho sino al cohecho. Porque cuando la propia prensa es cooptada por intereses privados monopólicos, entonces no es la libertad de expresión la que toma la palabra sino la privatización de ésta. Lo que es patrimonio público es raptado como propiedad exclusiva de los medios privados; este supuesto “derecho” es el que se pronuncia en contra del derecho de todos.
Los medios no defienden la libertad de expresión: lo que defienden es la potestad absoluta que pretenden sobre ésta. Por eso aparece la intolerancia: exigen ser “consultados”, acusan de “violación a sus derechos”, hasta casi ordenan la derogación de dos artículos (que no les conviene); es decir, si de libertad de expresión se trata, no les interesa la expresión popular sino, exclusivamente, la suya; por eso exigen una “consulta” que ya tiene sentencia: si no se hace lo que exigen, resulta “violación a la libertad de expresión”.
Demandan la anulación de dos artículos que les incomoda, es decir: está bien estar contra el racismo, siempre y cuando se tenga carta blanca para decir lo que se quiera (o haciendo decir a otros lo que se piensa). El racista opina, precisamente, de ese modo, por eso nunca se confiesa: su confirmación necesita de la negación retórica de sus actos. (mais…)