Bartolomé Clavero: “Prevaricación del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”

Combate ao Racismo Ambiental – Enviado por Thais Luzia Colaço, a quem agradecemos, e cuja tradução livre mantemos abaixo da versão original do texto de Bartolomé Clavero. TP.

¿Cómo puede desvincularse el derecho a la libre determinación del ejercicio del consentimiento libre, previo e informado? ¿Cómo puede distinguirse como algo no relacionado con la garantía de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas la libre determinación, esto es la determinación en libertad que se materializa a través de la autonomía, de la consulta y del consentimiento? ¿Qué sentido puede tener este extraño distingo tras la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, con ésta en vigor? ¿Cómo puede hacer esto, precisamente esto, todo un Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? Me explico para que no se piense que dramatizo.

Bartolomé Clavero*

“La práctica común de centrar la atención en las consultas y el consentimiento libre, previo e informado como punto de partida para discutir la cuestión de las industrias extractivas en relación con los pueblos indígenas está desdibujando la comprensión del marco de derechos humanos  pertinente que permitiría entender el problema. Un planteamiento más adecuado es examinar en primer lugar los derechos sustantivos fundamentales de los pueblos indígenas que pueden verse afectados en la extracción de recursos naturales. Entre estos figuran, en particular, los derechos a la propiedad, a la cultura, a la religión, a la salud, al bienestar físico y a establecer y materializar sus propias prioridades de desarrollo, como parte de su derecho fundamental a la libre determinación”.

El párrafo precedente pertenece al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a su último Informe al Consejo de Derechos que se presenta formalmente en pocos días. Se lee y no se le ve sentido. Se le relee y produce perplejidad. Vuelve a leérsele y provoca indignación. ¿Cómo puede desvincularse el derecho a la libre determinación del ejercicio del consentimiento libre, previo e informado? ¿Cómo puede distinguirse como algo no relacionado con la garantía de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas la libre determinación, esto es la determinación en libertad que se materializa a través de la autonomía, de la consulta y del consentimiento? ¿Qué sentido puede tener este extraño distingo tras la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, con ésta en vigor? ¿Cómo puede hacer esto, precisamente esto, todo un Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? Me explico para que no se piense que dramatizo.

Ante todo ha de advertirse que el aparente sinsentido del párrafo no responde a ningún descuido de redacción. En lo que interesa a industrias extractivas, el informe conduce a dicho posicionamiento. Las versiones en inglés y en francés dicen exactamente lo mismo. Las traducciones al ruso, al árabe y al chino no tengo conocimientos para compulsarlas. Lo que dice el Relator Especial es eso efectivamente tan extraño de que la piedra de toque para la legitimad de la presencia de industrias extractivas en territorios indígenas no es el de la realización de consulta a fin de que los respectivos pueblos puedan comprobar que sus derechos sustantivos no son afectados o que la afectación en su caso es debidamente compensada y así, en consecuencia, ejercer el derecho a prestar o denegar su consentimiento libre, previo o informado.

No, nos dice el Relator Especial. Eso sería, según su entender, desenfocar la cuestión. Conforme a su posición, han de considerarse directamente los derechos sustantivos y las salvaguardas con las que cuentan. Sólo así es como debe tomarse en cuenta el derecho fundamental a la libre determinación de los pueblos indígenas. ¿Mas cómo puede entenderse que este derecho opera si no son los pueblos indígenas quienes se hacen cargo y pronuncian sobre la afectación de sus derechos sustantivos y sobre las garantías previas y las compensaciones eventuales, en cuyo caso hay que centrarse sin duda en la consulta y el consentimiento, lo que precisamente ha comenzado por excluirse?

Para entender este galimatías, conviene señalar que el Relator Especial no está improvisando su postura, una postura problemática para la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas. El Relator Especial es el prestigioso profesor de derecho y política de derechos humanos de la Universidad de Arizona Stephen James Anaya, descendiente de apache y purépecha, especializado precisamente en los derechos de los pueblos indígenas, sobre los que cuenta con una sólida obra académica anterior a su acceso a ficha función en el seno de las Naciones Unidas. En los tiempos precedentes a la asunción de la responsabilidad internacional como Relator Especial, se formó unos conceptos que ha mantenido luego, tras hacerse cargo y también tras la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por las Naciones Unidas. Entre esos conceptos formados con anticipación figura la libre determinación.

El profesor James Anaya tuvo el arrojo y la habilidad de construir doctrinalmente la libre determinación indígena antes de que Naciones Unidas la proclamasen en el artículo tercero de la Declaración: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Sin esta base normativa, resultaba ciertamente difícil sustentar específicamente dicha libre determinación indígena. El profesor Anaya lo hizo. Lo consiguió a través de una ingeniosa construcción. La libre determinación indígena consistiría en el detalle de que los pueblos indígenas se encontrasen en condiciones de responsabilizarse sobre su propio destino, lo que entendía que era factible en el derecho internacional previo a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Llegó incluso a la conclusión de que este instrumento no era necesario para que los pueblos indígenas gozasen de libre determinación con garantía suficiente de sus derechos.

Todo esto tenía su coste que podía entenderse mientras que no hubiera Declaración específica abriendo otro horizonte. Por decirlo brevemente, la libre determinación se concebía para el caso de los pueblos indígenas en términos más objetivos que subjetivos. No se ponía el acento en su capacidad para determinarse por sí mismo en cuanto que titulares de derechos, sino en la situación objetiva en la que pudiera considerarse que estuviesen en condiciones de responsabilizarse sobre su destino colectivo. ¿Quién debería apreciar que tal situación se daba a fin de dictaminar, dígase también garantizar, que tal situación existe? Naturalmente, la única respuesta consecuente con el reconocimiento de la libre determinación indígena es la de que no puede haber otros árbitros para apreciar su existencia que los propios pueblos indígenas, con lo que entraba por la ventana el sentido subjetivo del derecho que no se había podido dejar entrar por la puerta, esto es la libre determinación como capacidad de decisión de los pueblos indígenas sobre sí mismos. La habilidad de James Anaya era también, en los tiempos anteriores a la Declaración, la de eludir enfrentarse con dicha cuestión entonces imposible de la identificación del sujeto de la existencia de la libre determinación, un sujeto que no puede ser otro que el titular de la misma como derecho.

La sorpresa se produjo cuando, tras la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al acceder a continuación a la responsabilidad de Relator Especial al respecto, mantuvo las mismas posiciones, tal y como si dicha adopción no se había producido. La Declaración, su artículo tercero citado, no deja lugar a dudas sobre el sentido subjetivo de la libre determinación. Es un derecho en virtud del cual los pueblos indígenas “determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Pese a esto, el Relator Anaya siguió defendiendo su concepción más objetiva que subjetiva procurando dejar siempre en la sombra la cuestión esencial de quienes reconocen y garantizan la situación que acredita la responsabilidad indígena sobre su propio destino. La Declaración limita el ejercicio del derecho indígena a la libre determinación por la intangibilidad de las fronteras de los estados, pero el concepto de tal derecho es literalmente el mismo para los unos y para los otros, para los pueblos indígenas y para los estados. Anaya se empeñó en mantener un concepto distinto que, tras la Declaración, no parece tener ni sustento ni sentido.

El Relator Especial es la única instancia de las Naciones Unidas en cuyo mandato figura expresamente el cometido de promover la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pese a ello, mientras las otras instancias de la Naciones Unidas con competencias centradas en materia indígena, que son el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas del Consejo Económico y Social y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos, asumieron sin reservas la novedad de la Declaración y en particular su concepción de la libre determinación como derecho estricto de los pueblos indígenas, el Relator Especial ha venido en cambio eludiendo el compromiso. En su actuación ante casos concretos, tampoco hace valer de forma neta el derecho indígena a la libre determinación con el lógico corolario del derecho a la consulta y al consentimiento. Ante hechos consumados de invasiones empresariales de territorios indígenas reclama más compensación económica que reversión de la situación para que pueda realizarse la consulta y prestarse o no el consentimiento, esto es, para que puedan darse garantías de respeto a los derechos sustantivos de los derechos indígenas según su propia apreciación en conformidad con el derecho a la libre determinación.

Cuando se ha venido al asunto de la afectación empresarial a territorios y pueblos indígenas, la posición del Relator Especial ha perdido ambigüedad y se ha hecho más transparente. Ahora es cuando se ven las implicaciones de la concepción más objetiva que subjetiva de la libre determinación por parte del Relator Especial. Es el camino donde conduce el párrafo citado de su actual Informe al Consejo de Derechos Humanos. Ahí resulta que quien ante todo aprecia y debe por ende garantizar la situación de libre determinación es el estado, no el pueblo, no el pueblo indígena. La libre determinación en sentido subjetivo, el único posible si se le cualifica como derecho, se sustrae a favor de una recuperación de la tutela del estado como si los estados pudieran ser árbitros de los derechos indígenas o como si con esto regresásemos a tiempos coloniales, sólo que ahora con uso y abuso del lenguaje de derechos. El propio Relator Especial se considera a sí mismo, como comisario de las Naciones Unidas, más capacitado para determinar la existencia de libre determinación indígena que los propios pueblos indígenas. Su posición es sustancialmente supremacista. Lo indígena en Anaya se reduce a fenotipo.

En último término, donde se desemboca es en la entronización de los intereses empresariales por delante y por encima de los derechos indígenas, intervención de los estados mediante. El Relator Anaya está paladinamente cerrando filas con los sectores de las Naciones Unidas más favorables a intereses empresariales y más adversos a los derechos de los pueblos indígenas. En el contexto consiguiente de escisión entre derechos sustantivos indígenas y las garantías principales suyas que son, además de la autonomía, la consulta y el consentimiento, la invocación del derecho fundamental a la libre determinaciónes algo perfectamente absurdo, algo cuya incongruencia no puede escapar a alguien de la formación jurídica y la experiencia profesional del profesor James Anaya. Por mi parte no estoy contraponiendo intereses empresariales y derechos indígenas. Solamente constato que, de preverse o producirse el conflicto, hay quienes se inclinan por los intereses contra los derechos. Por supuesto que las empresas también tienen derechos, pero estamos hablando de acceso a recursos en territorios indígenas.

Léase y reléase el sorprendente arranque del párrafo de entrada: “La práctica común de centrar la atención en las consultas y el consentimiento libre, previo e informado como punto de partida para discutir la cuestión de las industrias extractivas en relación con los pueblos indígenas está desdibujando la comprensión del marco de derechos humanos pertinente que permitiría entender el problema”. Confieso que no di crédito a mis ojos a la primera lectura. He aquí que, según el Relator Especial, la consulta y el consentimiento no sólo no constituyen garantías claves de los derechos de los pueblos indígenas, sino que son un estorbo para su debido encuadramiento en el ámbito general y común de los derechos humanos. Ese instrumento fundamental de derechos humanos que es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desaparece literalmente del mapa, aunque no deje de invocársele como forma definitivamente de disimulo. Ya se ve por qué James Anaya pensaba que no era necesario. Lo que no puede achacársele es inconsecuencia. Fuimos otros quienes nos equivocamos rotundamente al pensar que sus posiciones anteriores a la Declaración eran tácticas.

Naturalmente, la peculiar posición de James Anaya sobre la libre determinación viene siendo discutida tanto en instancias internacionales como en el ámbito académico. El Relator elude el debate en ambos frentes. Y no hay que decir si las reservas se le plantean de parte indígena. Arguye que su autoridad institucional sufriría si se somete al cuestionamiento doctrinal o político. ¿No es la ignorancia empecinada de unos cuestionamientos que basan sus argumentaciones en la Declaración lo que deprime realmente su posición en cuanto que Relator Especial? Parece que está dispuesto a arriesgarse, lo que implicaría que mira más hacia un ámbito académico y político, también internacional, simpatizante con sus posiciones que a sus obligaciones como experto de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En medios de representación y abogacía indígenas cunde el desconcierto.

Todo eso constituye un monumental fraude desde luego. Y puede ser algo todavía peor, esto es engaño y prevaricación. Hemos llegado a un punto en que es difícil mantener la presunción de buena fe en el desempeño del trabajo del profesor James Anaya, especialmente de sus funciones como Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Prevaricar es actuar injustamente a sabiendas desde una posición de responsabilidad o representación pública, internacional u otra. Es cada vez más difícil pensar que tal no sea el caso. Comencé redactando esta reflexión con el amable título de La Impasibilidad de Relator Especial, pero las cosas tienen su nombre, a veces tan feo que cuesta decirlo.

La conclusión es dolorosa para quienes creímos en James Anaya y le hemos apoyado. Su posición resulta la misma que la del actual trío empeñado por Latinoamérica en la perversión del derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas, el que forman Iván Lanegra, peruano, Rafael Torres, colombiano, y Carlos Romero, boliviano.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla

Fonte: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=12649

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Tradução livre de Thais Luzia Colaço:

Como pode desvincular-se o direito a livre determinação do exercício do consentimento livre, prévio e informado? Como pode distinguir-se da garantia dos direitos substantivos dos povos indígenas a livre determinação que se materializa através da autonomia, da consulta e do consentimento? Que sentido pode ter esta estranha distinção depois da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas? Como pode fazer isto, precisamente tudo isto, o Relator Especial sobre os Direitos dos Povos Indígenas do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas? Explico para que não pensem que dramatizo.

Prevaricação do Relator Especial sobre Direitos dos Povos Indígenas

Bartolomé Clavero*

“A prática comum de concentrar a atenção nas consultas e consentimento livre, prévio e informado como ponto de partida para discutir a questão das indústrias extrativistas em relação aos povos indígenas está ofuscando a compreensão do quadro dos direitos humanos pertinentes que permitirá entender o problema. Uma abordagem mais adequada é examinar em primeiro lugar os direitos substantivos fundamentais dos povos indígenas que podem ser afetados na extração dos recursos naturais. Entre estes figuram, em particular, os direitos a propriedade, a cultura, a religião, a saúde, ao bem-estar físico e a estabelecer e materializar suas prioridades de desenvolvimento, como parte de seu direito fundamental a livre determinação.”

O parágrafo precedente pertence ao Relator Especial sobre os Direitos dos Povos Indígenas, foi o seu último Informe ao Conselho de Direitos. Lê-se e não se vê sentido. Se relê e produz perplexidade. Volta-se a ler e provoca indignação. Como pode desvincular-se o direito a livre determinação do exercício de consentimento livre, prévio e informado? Como pode distinguir-se da garantia dos direitos substantivos dos povos indígenas a livre determinação que se materializa através da autonomia, da consulta e do consentimento? Que sentido pode ter esta estranha distinção depois da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas? Como pode fazer isto, precisamente tudo isto, o Relator Especial sobre os Direitos dos Povos Indígenas do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas? Explico para que não pensem que dramatizo.

Ante tudo há de advertir que o aparente parágrafo sem sentido não corresponde a nenhum descuido do redator. Ao que interessa a indústria extrativista, o informe conduz ao dito posicionamento. As versões em inglês e em francês dizem exatamente a mesma coisa. As traduções em russo, em árabe e em chinês não tenho conhecimento para comentá-las. O que diz o Relator Especial é isso efetivamente tão estranho do que o critério para a legitimidade da presença das indústrias extrativistas em territórios indígenas não é a da realização da consulta a fim de que os respectivos povos possam comprovar que seus direitos substantivos não são violados ou que a violação no seu caso seja devidamente compensada e assim, consequentemente, exercer o direito de fornecer ou negar o seu consentimento livre, prévio e informado.

Não, nos diz o Relator Especial. Isso seria, segundo seu entender, tirar o foco da questão. Conforme sua posição, hão de considerar diretamente os direitos substantivos e as salvaguardas com as que têm. Só assim é que se deve levar em conta o direito fundamental a livre determinação dos povos indígenas? Mas como se pode entender como este direito opera se não são os povos indígenas que o executam e que se manifestam sobre o impacto a respeito de seus direitos substantivos e sobre as garantias prévias e as compensações eventuais, em cujo caso há de concentrar-se sem dúvida na consulta e no consentimento, o que precisamente tem desaparecido na posição do Relator?

Para entender esta ladainha, convém assinalar que o Relator Especial não está improvisando sua postura, uma postura problemática para efetividade dos direitos dos povos indígenas. O Relator Especial é um professor de prestígio de direito e política de direitos humanos da Universidade do Arizona, Stephen James Anaya, descendente de Apache e Purépecha, especializado precisamente em direitos indígenas, conta com uma sólida obra acadêmica anterior ao seu acesso funcional no seio das Nações Unidas. Nos tempos precedentes a sua suposição de responsabilidade internacional como Relator Especial, formou uns conceitos que manteve depois de assumir o cargo e também após a aprovação da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas pelas Nações Unidas. Entre esses conceitos formados com antecipação figura a livre determinação.

O professor James Anaya teve o arrojo e a habilidade de construir a doutrina da livre determinação indígena antes que as Nações Unidas a proclamasse no artigo terceiro da Declaração: “Os povos indígenas têm direto a livre determinação. Em virtude desse direito determinam livremente sua condição política e perseguem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural”. Sem esta base normativa, resultava certamente difícil sustentar especificamente dita livre determinação indígena. O professor Anaya o fez. O conseguiu através de uma engenhosa construção. A livre determinação indígena consistiria no detalhe de que os povos indígenas se encontrassem em condições de responsabilizar-se sobre seu próprio destino, o que se entendia que era factível em direito internacional previu a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Chegou inclusive à conclusão de que este instrumento não era necessário para que os povos indígenas gozassem da livre determinação com garantia suficiente de seus direitos.

Tudo isto tinha seu custo que podia entender-se enquanto que não teve Declaração específica abrindo outro horizonte. Para colocá-la brevemente, a livre determinação se concebia para o caso dos povos indígenas em termos mais objetivos do que subjetivos. Não se colocava o foco na sua auto capacidade de titulares de direitos, mas na situação objetiva de que podiam considerar-se em condições de responsabilizarem-se sobre seu destino coletivo. Quem devia apreciar que tal situação se dava a fim de governar, diga-se também garantir, que tal situação existe? Naturalmente, a única resposta consequente com o reconhecimento da livre determinação indígena é a de que não pode haver outros árbitros para apreciar sua existência do que os próprios povos indígenas, assim entrava pela janela o sentido subjetivo do direito que não havia podido deixar entrar pela porta, isto é, a livre determinação como capacidade de decisão dos povos indígenas sobre eles mesmos. A habilidade de James Anaya era também, em tempos anteriores a Declaração, a de evitar confrontar-se com a dita questão então impossível de identificar: a existência do sujeito da livre determinação, um sujeito que não pode ser outro do que o titular da mesma como direito.

A surpresa se produz quando se adota pelas Nações Unidas a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas: ao assumir à continuação a responsabilidade de Relator Especial, o professor Anaya manteve as mesmas posições. A Declaração, seu artigo terceiro citado, não deixa dúvidas sobre o sentido subjetivo da livre determinação. É um direito em virtude do qual os povos indígenas “determinam livremente sua condição política e perseguem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural”. Apesar disto, o Relator Anaya seguiu defendendo sua concepção mais objetiva que subjetiva procurando deixar sempre à sombra a questão essencial de quem reconhece e garante a situação que acredita na existência da responsabilidade indígena sobre seu próprio destino. A Declaração limita o exercício do direito indígena a livre determinação pela intangibilidade das fronteiras dos estados, porém o conceito de tal direito é literalmente o mesmo para uns e para outros, para os povos indígenas e para os estados. Anaya se empenhou em manter um conceito distinto que, traz a Declaração, não parece ter nem sustentação nem sentido.

O Relator Especial é a única instância das Nações Unidas em cujo mandato figura expressamente promover a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. No entanto, quanto às outras instâncias das Nações Unidas com competências focadas em matéria indígena, que são o Foro Permanente para Questões Indígenas do Conselho Econômico e Social e o Mecanismo de Expertos sobre os Direitos dos Povos Indígenas do Conselho dos Direitos Humanos, assumiram sem reservas a novidade da Declaração e em particular sua concepção da livre determinação como direito estrito dos povos indígenas, o Relator Especial foi contornando o compromisso. Em sua atuação em casos concretos, nem tampouco faz valer o direito indígena a livre determinação com o lógico corolário do direito a consulta e ao consentimento. Ante fatos consumados de invasões empresariais em territórios indígenas reclama mais a compensação econômica do que a reversão da situação para que possa realizar-se a consulta e conceder ou não conceder o consentimento, isto é, para que possam dar-se garantias de respeito aos direitos substantivos dos direitos indígenas segundo sua própria apreciação em conformidade com o direito a livre determinação.

Quando se trata de assunto do envolvimento empresarial em territórios de povos indígenas, a posição do Relator Especial tem perdido a ambiguidade. Agora é que vêm as implicações da concepção mais objetiva que subjetiva da livre determinação por parte do Relator Especial. É o caminho que conduz ao parágrafo citado do seu atual informe ao Conselho dos Direitos Humanos. Aí resulta que quem ante tudo aprecia e deve por isso garantir a situação de livre determinação é o estado, não o povo, não o povo indígena. A livre determinação no sentido subjetivo, o único possível, não se qualifica como direito, subtraído a favor da recuperação da tutela do estado como se os estados pudessem ser árbitros dos direitos indígenas, ou como se com isto regressássemos a tempos coloniais, só que agora com uso e abuso da linguagem de direitos. O próprio Relator Especial se considera a si mesmo, como comissário das Nações Unidas, mais capacitado para determinar a existência da livre determinação indígena que os próprios povos indígenas. Sua posição é substancialmente supremacismo cultural. O indígena Anaya se reduz a fenótipo.

Em última análise, se concluí na entronização dos interesses empresariais por diante sobre os interesses indígenas, através da intervenção dos estados. O Relator Anaya está cerrando fileiras com os setores das Nações Unidas mais favoráveis aos interesses empresariais e mais adversos aos direitos dos povos indígenas. No contexto conseguinte da clivagem entre direitos substantivos e as suas garantias principais que são também da autonomia, da consulta e consentimento, a invocação do direito fundamental a livre determinação é algo perfeitamente absurdo, algo cuja incongruência não possa escapar a alguém da formação jurídica e da experiência profissional do professor James Anaya. Da minha parte não estou contrapondo interesses empresariais a direitos indígenas. Somente constato que, prevendo a ocorrência do conflito, há quem se incline pelos interesses contra os direitos. É claro que as empresas também têm direitos, porém aqui estamos falando de acesso a recursos em territórios indígenas.

Leia-se e releia-se o surpreendente começo do parágrafo inicial: “A prática comum de concentrar a atenção nas consultas e consentimento livre, prévio e informado como ponto de partida para discutir a questão das indústrias extrativistas em relação aos povos indígenas está ofuscando a compreensão do quadro dos direitos humanos pertinentes que permitirá entender o problema”. Confesso que não dei crédito aos meus olhos na primeira leitura. E aqui que, segundo o Relator Especial, a consulta e o consentimento não constituem garantias chaves de direitos dos povos indígenas, senão que são um estorvo para seu devido enquadramento em âmbito geral e comum dos direitos humanos. Esse instrumento fundamental de direitos humanos que é a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas desaparece literalmente do mapa, embora não se deixe de invocá-la como forma definitivamente de dissimulação. Já se percebe porque James Anaya pensava que não era necessário. O que não pode imputar-lhe é inconsequência. Fomos outros que nos equivocamos redondamente ao pensar que as suas posições anteriores a Declaração eram táticas.

Naturalmente, a peculiar posição de James Anaya sobre a livre determinação tem sido discutida tanto em instâncias internacionais quanto no âmbito acadêmico. O Relator ilude o debate em ambas as frentes, inclusive se a discussão for decorrente da parte indígena. Anaya argumenta que a sua autoridade institucional sofrerá se for submetida a questionamento doutrinário ou político. Realmente não será a ignorância cara a questões que se fundamentam na Declaração que deprecia sua posição enquanto Relator Especial? Parece que está disposto a arriscar, o que implicaria que está olhando mais para um âmbito acadêmico e político, também internacional, mais simpatizante com suas posições que suas obrigações como experto das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas. Entre os meios de representação e de defesa indígena, segue a confusão.

Certamente tudo isso constitui uma monumental fraude. E pode ser algo pior, a saber, engano e prevaricação. Temos chegado a um ponto em que é difícil manter a presunção de boa fé no desempenho do trabalho do professor James Anaya, especialmente nas suas funções como Relator Especial do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas.

Prevaricar é atuar injustamente de forma intencional numa posição de responsabilidade ou representação pública, por exemplo, internacional. É cada vez mais difícil pensar que não é o caso. Comecei redigindo esta reflexão com um amável título de A Impassibilidade do Relator Especial, porém as coisas têm seu nome, às vezes tão feio que custa dizê-lo.

A conclusão é dolorosa para quem acreditávamos em James Anaya e o temos apoiado. Sua posição resulta na mesma que do atual trio empenhado pela América Latina na perversão do direito internacional dos direitos indígenas, que formam Inván Lanegra, peruano, Rafael Torres, colombiano, e Carlos Romero, boliviano.

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*Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Sevilha.