Por Jorge Choque – Servindi
El jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez Velásquez, aseguró que no hay de parte del Estado peruano una política nacional de reconocimiento y titulación de comunidades campesinas y nativas.
En ese sentido, criticó que el Gobierno se esfuerce por aligerar trámites con el objetivo de facilitar las inversiones, y no haga lo mismo para titular territorios de pueblos originarios.
Señaló que hay un conjunto numeroso de normas, muchas de ellas que se contradicen entre sí, que impiden un seguimiento de la normatividad vigente y la adecuada interpretación de ellas, por lo que reconoció la necesidad de una reforma normativa.
Aseguró que se debe establecer una rectoría sobre reconocimiento y titulación eficaz que lidere esta reforma. Agregó que si bien hoy la rectoría está en manos del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), ésta no basta.
El representante de la Defensoría criticó la falta de información centralizada sobre el numero de comunidades campesinas e indígenas por titular y reconocer, y que los datos que manejan diferentes oficinas del Estado “no sean uniformes”.
Además, alertó sobre el problema de la superposición de derechos, ya que “el Estado no ha brindado los lineamientos cuando estos se superponen a lotes petroleros o concesiones mineras”, que en la práctica limita la titulación de las comunidades.
“Se requiere de una rectoría fuerte para lograr que esos lineamientos y normas puedan llegar hasta el funcionario y dejar en claro que derechos de terceros no limitan la titulación”, dijo.
Finalmente, se refirió a las numerosas normas emitidas por el Estado que ponen en peligro los derechos y la seguridad de las comunidades campesinas.
Una de estas normas se dio a inicios de este año a través del Decreto Supremo 001-2015-EMexpedido por el Ministerio de Energía y Minas, sobre el cual se ha dicho que vulnera el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas, el derecho a su autonomía y el derecho a la consulta previa.
Al respecto explicó que cualquier cambio en la situación jurídica de la propiedad de las comunidades tiene que pasar por el proceso de consulta.
Cabe destacar que las declaraciones del representante de la Defensoría se dieron como parte de su intervención en la mesa “Balance sobre el ejercicio del Derecho a la Tierra y el Territorio de los pueblos indígenas”, que tuvo lugar en el marco del evento “Desmintiendo el milagro peruano”, en Lima.
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