Servindi, 5 de agosto, 2015
Vimos algo parecido el año pasado con los acusados por el llamado Baguazo en el Perú y ha sido tema de debates de las organizaciones de derechos humanos de la región. México, un país con gran presencia indígena, forma parte de esa lista de países en los que la ausencia de un intérprete resulta clave para determinar el futuro que le espera a muchos de sus ciudadanos.
El pasado mes un informe de NDMX Veracruz abordó el tema dejando a la luz el drama que viven los nativos cuando se enfrentan a la justicia.
De los 10 mil indígenas que hoy están en las cárceles de México, sostiene el informe, solo el 10 por ciento tuvo la colaboración de un intérprete.
Según Cristina Kleinert, catedrática de la Universidad Veracruzana (UV), la intervención o no de un intérprete de lengua indígena en estos procesos influye mucho en los resultados.
“En algunos casos es pieza clave para poder comprobar faltas al debido proceso, denunciar irregularidades ante las comisiones de Derechos Humanos, o señalar conflictos de intereses entre defensores, autoridades y demandantes”, argumentó Kleinert.
Uno de los problemas que reconoce es que el Sistema Judicial apenas empieza a adaptarse a la diversidad lingüística del país, pese a que la Constitución Política de México reconoce 63 lenguas indígenas.
En Veracruz es peor, ya que los intérpretes prácticamente están en el olvido a raíz, entre otras cosas, del poco “prestigio” que da ser intérprete de lenguas originarias, revela el informe.
Con la finalidad de cambiar esta situación, Kleinert viene actuando a favor de que se reconozca su importancia en los procesos penales.
Advirtió así de la necesidad de hacer visible a los intérpretes indígenas, que se vea y se les reconozca y que se sancione a quien omita su intervención o colaboración.
Facilitar que haya más intérpretes
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) de México impulsa desde el 2009 la capacitación de un grupo de profesionales. Sin embargo, apenas 61 personas han sido certificadas en Veracruz y casi ninguna ha sido llamada a prestar su servicio, dice el informe.
Sin embargo, Kleinert, quien participó en estas clases como capacitadora en Derecho Penal en 2011, reconoce que la formación de intérpretes necesita una serie de condiciones que hoy no se implementan.
Una de éstas es un albergue, ya que los hablantes de lenguas indígenas no viven en centros urbanos. Asimismo, crear un buen centro de formación, becas, buenos capacitadores y, sobre todo, garantía de trabajo.
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