Servindi – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar a favor de Alicia Cahuiya, vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), luego de que sufriera amenazas de muerte por lo dicho en una audiencia sobre la situación de los indígenas en aislamiento de los pueblos Tagaeri y Taromenani.
El organismo supranacional accedió así a la solicitud presentada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Ecuador y otras organizaciones afines.
“La Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie (a primera vista) que Alicia Cahuiya se encuentra en una situación de gravedad y urgencia”, señala la Resolución 38/2015, Medidas Cautelares Nº 530/15, del 24 de octubre del 2015, que difundió el lunes el colectivo Yasunidos.
Según se lee en el documento, la amenaza contra la dirigente es real y se evidenció la jornada del 19 de octubre en la CIDH, al final de su intervención en una audiencia de fondo sobre el caso de los pueblos en aislamiento voluntario, en la Amazonía ecuatoriana.
De acuerdo a declaraciones de varios testigos, y así lo consigan el texto, Cahuiya fue amenazada por el presidente de la Nawe, Moi Enomenga, quien es afín a las políticas del Gobierno y que asistió a la cita justamente como testigo del Estado.
“Alicia, estás haciendo muy mal, tu hermana te va a matar, a ti te van a matar cuando llegues a la comunidad, y te van a matar”, es lo que le habría dicho Enomenga a la vicepresidenta de la Nawe en un momento de la audiencia.
En vista de lo presentado, el organismo respondió que los requisitos de amenaza, urgencia e irreparabilidad, necesarios para otorgar una medida cautelar, se cumplen. En el caso del primer requisito, este se daría en la medida del retorno de Cahuiya a su lugar de origen, en el cual también reside el presidente de la Nawe.
Cabe precisar que en este caso la medida cautelar se dio sin pedir antes información al Estado en cuestión, como se hace normalmente. La rapidez en el otorgamiento de la medida se explica en la situación de “inminente amenaza” que vive la dirigente y que “puede materializarse”.
El organismo le pidió al Estado que le informe en un plazo de 15 días desde la emisión de la resolución, “sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas”.
Cahuiya sobre los tagaeri y taromenani
Durante su intervención, en el marco de las audiencias públicas de la CIDH, en Washington, la dirigente responsabilizó al Gobierno de lo que la actividad petrolera pueda ocasionar a los indígenas aislados tagaeri y taromenani del Parque Nacional Yasuní.
Según Cahuiya, estas actividades amenazan gravemente la vida de dichos pueblos y la de los waorani. Alertó, por ejemplo, sobre lo que podría pasar en el llamado campo Armadillo, donde se tiene previsto iniciar actividad extractiva.
“(El Gobierno) no está protegiendo como pueblo aislado porque si van ellos a proteger ya no manden más carreteras, ya no mande más pozos petroleros”, se le escucha decir en un video difundido por el organismo y que compartimos a continuación.
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Foto: Al centro, Alicia Cahuiya. Foto: CIDH y Plan V