25 años destruyendo derechos de reconocimiento y titulación territorial indígena

Mecanismos legales buscan promover grandes inversiones deshaciendo derechos obtenidos por las comunidades campesinas e indígenas en 70 años

Por Jorge Choque – Servindi

A partir de 1990, los sucesivos gobiernos han generado un profundo y grave retroceso en cuanto al reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas e indígenas mediante la aplicación de normas.

Así lo sostuvo Laureano del Castillo, director ejecutivo de Cepes, para quien todo lo conseguido a favor de las comunidades en materia de propiedad territorial desde 1920, se ha visto perjudicado desde el gobierno de Alberto Fujimori.

En ese sentido, recordó que un primer avance se dio con la Constitución de 1920, que reconocía la existencia de comunidades indígenas, “con lo cual empezó un tratamiento de protección de sus tierras”, precisó.

Luego, la Constitución de 1933 reconoció otra vez a las comunidades indígenas y amplió la protección de sus tierras para que no pudieran ser “enajenadas, no pudieran ser perdidas por mecanismos de prescripción y no pudieran ser objeto de embargo”, agregó.

En 1987 durante el primer gobierno de Alan García, se dio la Ley general de comunidades campesinas y junto a ella la Ley de deslinde y titulación de territorios de las comunidades campesinas.

Sin embargo, el retroceso empezó -sostuvo- con la Constitución Política del Perú de 1993, la cual establece que las tierras comunales “ya no son inalienables, ya no son inembargables”. Si bien aún eran imprescriptibles, Del Castillo criticó que esto se encontraba sujeto a abandono de tierra.

“Este fue el gran primer retroceso”, señaló.

Un segundo retroceso se dio en 1995, cuando se aprueba la Ley 26505, Ley de Tierras, en donde dos artículos impulsan la titulación individual de la tierra, mencionó.

El gobierno de Alejandro Toledo hizo lo mismo a través de leyes que buscaron “extender las formas de declaración de abandono”, utilizando a favor de las empresas la condición de abandono dada en la Constitución de 1993 para la imprescriptibilidad.

En el segundo gobierno de García, éste escribió el famoso artículo El síndrome del perro del hortelano, donde sostiene que los comuneros son propietarios aparentes y que por ello deben dejar o vender sus tierras en grandes cantidades para verse beneficiados, recordó.

Finalmente, en el actual gobierno de Ollanta Humana se dieron los famosos cinco “paquetazos ambientales”.

El director de Cepes señaló que con dichos paquetazos -leyes y decretos- se legalizaron una serie de mecanismos para facilitar que las grandes inversiones puedan obtener distintos derechos: de propiedad, derechos de vía, concesiones, servidumbres.

“Algunas de las normas tienen en la mira varios de los derechos obtenidos, como la consulta previa, por eso no quieren reconocer a las comunidades campesinas como indígenas”, explicó. “Y si tienen título, tienen que negociar, en cambio si no tienen título, entonces hacen como si no hubiese dueño”, sentenció.