Documentan impactos de la minería en cinco regiones del Perú

El país no cuenta con políticas públicas para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático global, menos aún para los cambios locales que se generan por la minería, señala publicación de la Red Muqui

Servindi, 31 de enero, 2015.- El jueves 29 de enero la Red Muqui presentó la publicación “Agua, minería y cambio climático. Posicionamiento de la Red Muqui frente al cambio climático en el Perú”, en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

El libro reune cinco casos de estudio sobre los impactos ambientales de la actividad minera correspondientes a las regiones de Piura, desarrollados por la Red Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD); Cusco, a cargo de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF); Pasco, a cargo de Centro Labor; Áncash, a cargo de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS); y Puno, a cargo de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA).

Según los especialistas del panel, en el actual contexto del cambio climático las empresas mineras no consideran los daños al ambiente y otros usuarios del agua que se ven afectados por sus operaciones.

En ese sentido, los autores observan que los estudios de impacto ambiental son poco rigurosos y no brindan la información de manera transparente, agudizando algunos conflictos socioambientales.

Esta situación se torna más compleja cuando en el país se aprueban normas que debilitan aún más la institucionalidad ambiental y flexibilizan la fiscalización del sector.

Agua, minería y cambio climático: casos de estudio

La presentación del panel con los estudios incluidos en la publicación estuvo a cargo de Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la Red Muqui.

Jahncke comentó que el trabajo recoge cinco casos emblemáticos establecidos en base a las particularidades de cada uno y donde las instituciones miembro laboran, a fin de establecer un diagnóstico sobre los impactos que el cambio climático y la presencia de actividades extractivas como la minería están generando.

El Ing. Edson Plasencia, investigador de la Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor de Pasco, se refirió a los impactos de la minería a tajo abierto en la cuenca alta del Río Mantaro. Si bien la actividad minera en Cerro de Pasco lleva más de 100 años, en los últimos treinta se observa un fuerte aumento en la presión sobre el medioambiente.

Según Plasencia, el incremento de la producción minera aumenta la generación de emisiones y la formación de lluvias ácidas. La actividad minera también afecta la calidad del agua del río San Juan y del lago Junín.

Jaime Borda, integrante la organización Derechos Humanos sin Fronteras de Cusco, se refirió a la situación minera en la región de Apurímac.

El proyecto minero Antapaccay desarrolla sus operaciones en la cabecera de cuenca del río Cañipía y explota cobre en dos tajos abiertos. Borda informó que la población cercana ha denunciado desaparición de fuentes de agua y disminución del caudal a raíz de las voladuras.

Otro tema preocupante, apuntó Borda, es el cierre de la mina Tintaya que comprende canchas de relave, plantas de procesamiento de minerales, desmontes de mina y el tajo abierto. El antiguo tajo Chabuca será utilizado como el depósito de relaves del nuevo proyecto minero Antapaccay, apuntó.

Borda concluyó señalando que “las actividades de cierre de la mina Tintaya no son materia de evaluación por parte del Estado”.

Julio César Mejía, investigador de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente, expuso sobre la situación de la cuenca del río Huancané en Puno, una de las regiones con mayor número de conflictos sociales en el país.

Mejía reveló que la actividad minera desarrollada hace más de 30 años en la parte alta de la cuenca dejó pasivos ambientales que afectan la biodiversidad, la calidad de las aguas y la seguridad alimentaria local.

La empresa Sillustani adquirió la unidad minera en 2006 y asumió el compromiso de remediar los pasivos con la condición de reaprovechar los relaves donde aún hay minerales.

“En la Minera Regina se explotó tungsteno hace más de tres décadas, sin embargo hasta la fecha los daños al medioambiente permanecen”, concluyó el investigador de Derechos Humanos y Medio Ambiente.

La Red Muqui es un colectivo de 28 instituciones que trabajan en 11 regiones del territorio nacional, que apoyan y acompañan a las comunidades y poblaciones que habitan en zonas de presencia minera en la defensa y promoción de sus derechos.

Descarhue la publicación con un clic en el siguiente enlace:

Foto: De iquierda a derecha: Lupo Canterac, Ing. Edson Plasencia, Mónica Untiveros, Julio César Mejía y Jaime Borda – Red Muqui

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