Pablo Ordoñez Marcañaupa, dirigente de la comunidad campesina de Buenavista fue muerto ayer por impacto de bala realizados por personal de la empresa de seguridad de la empresa minera Pampamali SA.
La muerte se produjo en un incidente confuso, cuando se cumplía un paro provincial de 24 horas a nivel de la provincia de Angaraes, región Huancavelica.
Las comunidades piden la urgente presencia de una Comisión de Alto Nivel del Gobierno Central para que atiende su pedido de retiro de la Empresa Minera Pampamali SA.
En la mañana de hoy se advirtió el envío de fuertes contingentes policiales desde la vecina región de Ayacucho.
Las comunidades tomaron el campamento minero de Pampamali de forma pacífica, sin enfrentamientos, donde permanecen.
José Herrera, gerente general de Pampamali, dijo que los comuneros destrozaron la infraestructura del campamento y atacaron al personal pero esta versión fue desmentida por representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Policía Nacional, quienes hicieron el inventario de los bienes de la mina.
Los disparos se produjeron cuando un grupo de dirigentes acompañaba a salir de Pampamali al congresista por Huancavelica Miró Ruiz Delgado, cuyo auto fue interceptado por los trabajadores de la mina y un grupo de comuneros afines a la misma, informó la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI).
Carlos Candiotti Ordóñez, dirigente local y Secretario de Capacitación y Cultura de la CONACAMI, dijo que en ese momento fueron atacados por una lluvia de piedras y luego empezaron los disparos provenientes de los agentes de seguridad de la mina.
“Disparaban al cuerpo, las balas rebotaban y tuvimos que escapar”, afirmó Candiotti.
Se trata de “gente afín a la empresa azuzada por Percy Puertolas, relacionista comunitario de Pampamali” que dejaron además como heridos a Teófilo Huarancca Vargas, Juan Máximo Huarancca, Gerónimo Areche Huamán y Alindro Meza Candioti.
Miembros de la empresa de seguridad de la empresa minera reconocieron ser los autores de los disparos y sus armas han sido incautadas por la Policía Nacional.
Candiotti agregó que sigue recibiendo amenazas de muerte, desde que es uno de los 16 comuneros indígenas procesados como consecuencia de la primera toma del campamento minero de Pampamali realizada el 6 de noviembre del 2007.
Este incidente ocurrió luego de frustrarse la participación de las comunidades en una audiencia pública convocada por el Ministerio de Energía y Minas.
La denuncia penal presentada por la Minera Pampamali contra dirigentes, lideres y autoridades de los distritos de Secclla y Lircay, demanda penas de hasta 20 años de prisión.
Demandas desatendidas
Los pobladores de la provincia de Angaraes permanecen en el campamento minero a la espera de que el Gobierno Central envíe una Comisión de Alto Nivel, que incluya representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas, para atender sus demandas.
Las principales son la derogatoria de la resolución de funcionamiento de la empresa minera Pampamali SA y el retiro de esta empresa de su territorio en un plazo de quince días.
Candiotti Ordóñez informó que el miércoles 4 de mayo habrá un diálogo de alto nivel en la sede del Gobierno Regional de Huancavelica.
Ramiro Guzmán Ibáñez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Angaraes, dijo que “este conflicto viene desde hace años atrás y lamentablemente ninguna autoridad ha escuchado a los pobladores”.
“Todo se origina porque la población no está de acuerdo con el funcionamiento de la minería, ya que hasta ahora no han presentando su proyecto de impacto ambiental, además existe el riesgo de contaminación de los ríos Sicra y Atuna” precisó.
Impactos ambientales
El pedido de retiro de la mina se sustenta en el inicio ilegal de sus operaciones, porque Pampamali solo se basa en un silencio administrativo inaplicable para los casos que afectan la vida, la salud y el medio ambiente.
Además, el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de esta empresa tiene 49 observaciones, de las cuales 8 se relacionan con el agua, son insubsanables y ninguna ha sido levantada hasta el momento.
Los comuneros sostienen que las operaciones mineras instaladas en la cabecera de las cuencas de los ríos Sicra y Atuna causan serios daños al medio ambiente al no tratar las aguas ácidas provenientes de sus bocaminas.
Las aguas con residuos tóxicos van a parar a las cauces de los ríos, y la empresa traslada sus minerales en pesados camiones sin ninguna protección, dañando las carreteras y poniendo inestable el puente Masías que une a las provincias de Angaraes y Huancavelica.
La plataforma del paro provincial incluyó la exigencia de reparar de inmediato las carreteras y puentes a punto de colapsar, la sanción y destitución de las autoridades cómplices que permiten el funcionamiento de empresas mineras contaminantes y el paso de pesados camiones por el puente Masías, declarado en emergencia.
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Pronunciamiento de las organizaciones de Angaraes y Seclla
Los Frentes de Defensa del Distrito de Secclla, el Comité de Fiscalización del Medio Ambiente y el Comité de Lucha de la Provincia de Angaraes, nos dirigimos a toda la población Angareña, Huancavelicana, y a nivel nacional para comunicar lo siguiente:
1. Que, el paro de 24 horas decretado por las organizaciones de base de la provincia de Angaraes, se cumplió en forma pacífica sin haber ocasionado ningún daño a la propiedad, de igual manera los hermanos del distrito de Secclla que tomaron las instalaciones de la Empresa Minera, lo hicieron en forma pacífica y permanecen tranquilos con el resguardo de la policía nacional del Perú.
2. Las actas levantadas en la zona por parte de la Fiscalía de Angaraes, Defensoría del Pueblo de Huancavelica y la Policía Nacional proveniente de Huancavelica, dan fe de que en las instalaciones de la Mina Pampamali, no hay signos de haber violentado sus pertenencias, los trabajadores de la zona, recogieron sus pertenencias sin ningún problema y bajo la inspección de la fiscalía.
3. Que, debemos lamentar la muerte de un humilde padre de familia de la comunidad de Buenavista, quien perdió la vida en un incidente confuso a la altura del Centro Poblado Menor de Buenavista, donde la Comitiva de Lircay fue intervenida y atacada por trabajadores de la mina y po0bladores de Buenavista, escuchándose en esos momentos disparos de arma de fuego, efectuado por los miembros de seguridad de la Empresa Pampamali, que ya reconocieron haber efectuado los disparos, inclusive sus armas, fueron incautadas por la Policía Nacional de Lircay, según consta en las denuncias recepcionadas.
4. Responsabilizamos plenamente de estos sucesos y la muerte del comunero a la Empresa Minera Pampamali, por ser los instigadores a la violencia y haber hecho los disparos. El jefe de Relaciones Comunitarias de esta Empresa el Ing. Percy Puertolas fue el incitador y su personal de seguridad los que efectuaron el disparo, si hay algún muerto por bala, ellos son los responsables, porque de parte de la población que acato el paro ninguno hizo uso de algún arma de fuego.
5. Deslindamos públicamente toda responsabilidad de violentistas menos provocar la muerte de nadie, como la empresa pretende responsabilizarnos y estar azuzando a la población a amenazarnos y atentar con nuestras vidas por ser los convocantes al paro, por lo que le responsabilizamos plenamente por lo que nos pueda suceder.
6. Finalmente hacemos un llamado a la prensa nacional e internacional, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las autoridades del estado peruano, a constituirse en el lugar de los hechos y garantizar la vida de los pobladores que corre inminente peligro.
¡Viva la lucha de los pobladores de Angaraes y la defensa de su medio ambiente!
¡Defender la vida de los hermanos de Secclla! ¡Justicia para el hermano caido de Buenavista!
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