La empresa estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció ayer que abandonará temporalmente las 20 hectáreas de territorios indígenas que ocupa en los que pretende construir la planta hidroeléctrica El Diquís, tras la visita al país del relator de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.
Franklin Ávila, director del proyecto hidroeléctrico El Diquís, afirmó que ya mismo se retirarán por un tiempo. “Estamos desmontando instalaciones ya que ha sido uno de los reclamos de los grupos (indígenas) para que esto no suponga una piedra en el zapato del proceso de consulta”.
Derecho indígena
La comunidad térraba exigía la salida del ICE de sus territorios ilegalmente ocupados como condición para comenzar un diálogo sobre la construcción de la represa, que prevé inundar 900 hectáreas de terreno inalienable.
Ante la negativa de la institución, la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Térraba interpuso una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo el 21 de marzo pasado.
Tras el anuncio del ICE, Geini Gutiérrez, presidenta de esta asociación, aseveró que mantendrán la demanda y que no darán marcha atrás. “Se va a tener que llegar a una buena negociación”, afirmó.
Una ley nacional declara inalienables esos territorios a favor de los indígenas así como también el Convenio 169 de la OIT protege el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de desarrollar cualquier proyecto o medida legislativa que pudiera afectarlos.
Anaya recibió del ICE un borrador de proyecto para realizar una consulta a la comunidad indígena, de conformidad con lo que establecen las leyes del país y los tratados internacionales.
Celebración
Tras la noticia del retiro del ICE de sus territorios, los pobladores se concentraron hacia el mediodía en la plaza del pueblo, en donde recibieron al relator Anaya y dar paso a una ceremonia espiritual y bailes tradicionales de la zona.
La algarabía se contagió a otros pueblos indígenas como los bribris, cabécares, bruncas y malekus que también acudieron al lugar.
Los distintos grupos denunciaron la “inacción” del Estado ante la titulación ilegal de sus tierras y la presencia de “instituciones impuestas” para el funcionamiento de las comunidades, como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas o las Asociaciones de Desarrollo Indígena.
Tema pendiente
El retiro temporal del ICE es el inicio de un proceso de diálogo y respeto a los derechos de los indígenas que proseguirá con la consulta previa, libre e informada.
Aun cuando existen opiniones diversas en la propia comunidad térraba sobre la conveniencia o no de la planta, tienen en claro que es obligación del Estado proporcionarles toda la información, garantizarles su integridad como pueblos y respetar su derecho a decidir.
Por su parte, Anaya precisó que su visita “es un aporte pequeño, no puedo decir que vaya a dar solución a todo. La solución va a venir de ustedes. Yo me comprometo a ayudarlos en esa lucha”.
El proyecto
La planta El Diquís, ubicado en Buenos Aires, Puntarenas, es el más ambicioso proyecto del ICE, con el cual busca aumentar la capacidad de generación en 630 megavatios, suficiente para atender la demanda interna de energía en las próximas décadas y vender excedentes a los países vecinos.
Según la entidad, invertirá más de 2.000 millones de dólares en la construcción de la planta.
La planta de 7.000 hectáreas requiere de 900 hectáreas en territorio térraba.
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