Servindi, 18 de marzo, 2011.- El reciente fallo del Tribunal Militar Policial contra los generales Luis Elías Muguruza, Javier Luis Uribe, Raúl Silverio Alván, por su actuación en el caso Bagua, fue considerado blando por distintas organizaciones nacionales y familiares de víctimas.
La sentencia condena a Muguruza, Uribe y Alván a 36, 24 y 12 meses de prisión respectivamente, por el delito de “omisión de cumplimiento de deber en Función Operativa”.
Sin embargo, la pena privativa de libertad a los generales tiene el carácter de suspendida por dos años para el primero, y un año para los otros dos. Asimismo se les exige el pago por reparación civil de 10 mil, 7 mil, y 4 mil nuevos soles, respectivamente.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) consideró que la sentencia en el fuero Militar-Policial, podría usarse para evitar que los responsables de los sucesos de Bagua sean juzgados en el fuero común.
Además criticó que en la sentencia no se señale las indemnizaciones para los heridos y familiares de las víctimas que aún reclaman una reparación.
La entidad consideró que detrás de la sentencia se persigue el objetivo de responsabilizar a dos policías y un militar de los sucesos de Bagua, y “dejar en la impunidad a los verdaderos responsables”.
En el mismo sentido la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), consideró que la sentencia a los generales evitará que se les abra un proceso penal en la ciudad de Utcubamba.
Alberto Pizango, presidente de Aidesep, sostuvo que “aún queda por juzgar a la ex ministra Mercedes Cabanillas, quien pese a ser llamada ante el juzgado penal que ventila este caso se escuda en su inmunidad parlamentaria para no asistir”.
Asimismo, señaló que esperan “que se encuentren a los verdaderos responsables de la muerte de peruanos y que este gobierno -antes que termine su mandato- tenga la valentía de terminar su gestión limpiándose las manos manchadas de sangre”.
Eleodoro González Uriarte, presidente de la Asociación de Víctimas, Familiares y Heridos de la Curva del Diablo, calificó a la sentencia de benigna, pues hay indígenas sentenciados a 5 años de prisión, mientras que “estos generales son los responsables de la matanza.”
“Somos más de 30 heridos y hasta el momento no hemos recibido apoyo alguno, cada uno está solventando sus gastos, algunos están inválidos”, criticó González Uriarte.
Asimismo exigió que se juzgue en el fuero civil “a los generales y a los que dieron orden para el desalojo de los indígenas”.
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