Entrevista de la periodista Marcela Águila Rubín, de la plataforma de noticias e información Suiza.
“Los banivas se encuentran en zonas fronterizas, y se ven gravemente afectados por el conflicto armado que vive Colombia. La guerrilla colombiana y su presencia en Venezuela es un problema de vieja data, sin embargo el problema se agravó en esa zona concreta del Guainía hace unos años. Es una región abandonada por parte del Estado donde no hay autoridad nacional, ni soberanía territorial ni control institucional alguno y donde la economía ilegal se desarrolla sin impedimentos a partir de todo tipo de tráfico: armas, productos para la fabricación de estupefacientes, oro, esmeraldas, e incluso animales de especies raras que tienen prohibida su caza.
La presencia de grupos armados ha conducido a un deterioro notable de las buenas relaciones de convivencia que hasta su llegada mantenían los vecinos de un lado y otro del río, venezolanos y colombianos.
Hay personas sufriendo el desplazamiento interno y aunque esta es siempre una experiencia difícil, resulta doblemente catastrófica para las comunidades indígenas. La cultura indígena está íntimamente ligada a la tierra, y el desplazamiento lleva con frecuencia al colapso total de los patrones culturales y de autoridad. Como muchas otras personas desplazadas, las familias indígenas terminan con frecuencia en centros urbanos donde encuentran grandes dificultades para iniciar una nueva vida en un ambiente totalmente ajena. Esta tragedia sigue siendo en gran medida invisible. Las tierras indígenas están generalmente en áreas remotas, de importancia estratégica, donde los grupos armados tienen fuerte presencia. Los crímenes y los abusos contra los derechos humanos de los indígenas con frecuencia no son reportados y permanecen en la impunidad.
El derecho a la vida, a la libertad, el derecho a ser diferente, a la autonomía, al trabajo, al territorio, al desarrollo libre de la personalidad, a la consulta previa en proyectos de desarrollo, a un medio ambiente sano, la libre movilización, la libertad de expresión. Pero, por la dinámica del conflicto, los pueblos indígenas también hemos visto afectados nuestros derechos colectivos, económicos, políticos y culturales con situaciones y acciones que perturban nuestra participación política, el acceso a servicios sociales y las posibilidades de libre desarrollo de nuestro modelo de vida, nuestros usos y costumbres ancestrales.
De acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano, el Estado está en la obligación de implementar la educación intercultural bilingüe, no obstante las escuelas que operan en esta área sólo imparten clases en un único idioma: el castellano, el uso del idioma materno cada vez es más débil, el uso del idioma es sinónimo de ser discriminado a tal punto que muchas madres prefieren que sus hijos aprendan castellano y no el idioma materno para evitar que estos sufran la discriminación que ellas han sufrido. La barrera de vergüenza étnica que hay que atravesar es bastante poderosa. Muchos hijos y nietos de banivas dicen escasamente quiénes son sus progenitores inmediatos, cuál es su filiación étnica y cómo son sus manifestaciones culturales. Ya que les ha sido inculcado y enseñado que esos antecedentes culturales es preciso olvidarlos y no considerarlos para nada. No obstante, ellos en el fondo se sienten perfectamente identificados como descendientes directos de indígenas.
El problema de los jóvenes en Amazonas es común a otros que habitan en zonas alejadas. Una vez que acaban los estudios de escuela básica, pocos tienen la posibilidad de seguir estudiando. Es una situación en círculo donde siguen sin ponerse remedio a situaciones educacionales que parecen haberse hecho endémicas.
El pecado de vivir en territorio con recursos naturales:
La actividad minera en Amazonas implica de manera generalizada un grave deterioro humano, así como destrucción de la naturaleza, ataque a la salud, violencia e inseguridad. Según informes de inteligencia del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas hay entre 300 y 400 mineros a una hora y cuarenta y cinco minutos de la localidad de San Carlos de Río Negro y se cree que las minas del río Siapa están dando unos 150 kg de oro al mes. Uno de los problemas más graves de la minería (…) es el acoso al que se ven sometidas algunas comunidades de indígenas que están siendo paulatinamente desalojadas de su hábitat, así mismo muchas comunidades se encuentran en situación de semiesclavitud respecto al mando ejercido por la guerrilla, los que trabajan con narcotráfico y quienes practican la minería.
La extracción ilegal de minerales en Amazonas, también ha ocasionado la contaminación de ríos y afluentes, que representan la principal fuente de agua potable para ciertos pueblos indígenas, el consumo de estas aguas contaminadas ha provocado graves problemas de salud a nuestros hermanos indígenas y en muchos casos la muerte. La minería ilegal afecta al Pueblo Baniva, Baré, Yanomami, entre otros, siendo los más afectados los Yanomamis de Alto Orinoco.
Un gran número de banivas han sido asesinados en los últimos años, se les ha obligado al trabajo forzoso y se han reclutado a niños indígenas como niños soldados, también se empezaron a observar problemas por prostitución como consecuencia de la presencia de los grupos armados”.
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