Servindi – Indígenas y afrodescendientes solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que no se proceda con la ejecución de un proyecto que crea un Canal Interoceánico cortando sus territorios, hasta que se haga la consulta previa.
El pedido, realizado el 5 de diciembre, responde al peligro que representa para ellos la posible construcción del canal, que se espera recorra 278 kilómetros de territorio nicaragüense, desde el litoral del Pacífico hasta el Caribe.
De acuerdo al Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) el proyecto implica un “claro riesgo” de que se ocasionen “daños irreparables a los derechos a la vida, vida digna, y propiedad ancestral así como al debido proceso”.
A pesar de no haber sido consultado con los pueblos indígenas y afrodescendientes que serán afectados, y de no saberse quiénes son los accionistas de la empresa HKND que obtuvo la concesión sin previa licitación, la construcción del canal se iniciará este 22 de diciembre.
El CALPI advierte además que no se han realizado o publicado estudios acerca de la “viabilidad ambiental y cultural, así como la factibilidad financiera, económica y comercial del mega proyecto”.
El pedido fue presentado por Steve Martin Cuthbert, de la comunidad indígena Mískitu de Tasbapounie (Tierra Roja); Santiago Emmanuel Thomas, del pueblo indígena Rama; Rupert Clair Duncan, de la Comunidad Kriol de Monkey Point y Nora Newball, representante legal del gobierno comunal Creole de Bluefields.
Desastre anunciado
El Calpi informó que científicos de Nicaragua así como de otras nacionalidades han advertido que el proyecto puede originar “el peor desastre al medio ambiente durante los tiempos modernos”.
La obra provocaría daños irreparables al Gran Lago de Nicaragua o Lago Cocibolca, y a las comunidades de su ámbito.
También dividirá, alerta la organización, el territorio de los pueblos Rama y Kriol, comunidades indígenas y afrodescendientes, así como la comunidad negra Creole Indígenas de Bluefields.
Crece la protesta
Miles de campesinos, cuyas propiedades serán afectadas en los 278 kilómetros de la ruta del canal han salido a protestar en los últimos meses contra la forma en que se ha dado esta concesión.
En esta corriente de protestas se han efectuado ya 16 movilizaciones en las que se ha instado al Gobierno de Nicaragua a cumplir con el Convenio 169 de la OIT, que demanda un medioambiente sano y garantías a los pueblos para mantener su propia visión de desarrollo.
La mayor de las manifestaciones se desarrolló el pasado 10 de diciembre, cuando miles de personas formaron parte de la denominada “gran marcha nacional contra el canal” que recorrió las calles de la capital, Managua.
Participaron delegaciones de todo el país, que llegaron a la ciudad a pesar de los numerosos retenes que hubo en el trayecto en los que se habría detenido a 18 autobuses que transportaban campesinos a la marcha.
El Canal Interoceánico
El costo del Canal Interoceánico será de 50.000 millones de dólares y tendría capacidad para que transiten por el mismo barcos de mayor capacidad que los que hoy atraviesan el Canal de Panamá.
La compañía HKND Group, ha firmado con el Gobierno de Nicaragua un acuerdo para la explotación por 50 años del canal, prorrogables por otros 50 más.
De acuerdo al CALPI, un 52 por ciento de la ruta se trazará en tierras indígenas, cuyos procesos de titulación han sido retrasados para hacer realidad el proyecto.
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