Perú: Más allá de Conga

Por Javier Torres

11 de julio, 2012.- Luego de una semana en la que la “mano dura” del primer ministro Oscar Valdés parecía imponerse por sobre todas las cosas, y por sobre la razón y el sentido común, el gobierno del presidente Humala dio un nuevo giro e invocó a la Iglesia para que mediara en el conflicto por el proyecto Conga. Frente a ello, y sin perder tiempo, el presidente regional Gregorio Santos aceptó la propuesta, e incluyó en el diálogo al padre Gastón Garatea.

Aunque el nombramiento de dos destacados miembros de la Iglesia Católica abre la posibilidad de un nuevo momento en el conflicto, sirve también para poner de manifiesto el fracaso de la precaria institucionalidad estatal y de nuestro sistema político para resolver un conflicto que tiene más de ocho meses y que la semana pasada dejó cinco muertos -todos heridos de bala- además de la prepotente detención del líder de Tierra y Libertad y crítico al proyecto Conga, Marco Arana.

¿Es solo la intransigencia de las partes la explicación al fracaso del Estado en Cajamarca? A primera vista parece que sí, ya que nadie tuvo mayor disposición al diálogo, salvo cuando se llegó a una situación incontrolable, y con la amenaza de un desborde mayor. Pero el conflicto por el proyecto Conga también ha puesto en evidencia que la estrategia para enfrentar los conflictos parte de un supuesto equivocado, que consiste en creer que el problema se resuelve creando una institucionalidad ad hoc, y no revisando cuáles son los problemas de funcionamiento estatal en el manejo de los asuntos mineros.

Los problemas de la minería peruana no son, como se cree, solo problemas de mala comunicación de parte del Estado y/o las empresas sobre las bondades de la actividad. Los problemas derivan del agotamiento de las reglas de juego que se impusieron a inicios del gobierno de Alberto Fujimori para convertir nuestro país –devastado por el terrorismo y la hiperinflación- en un lugar atractivo para la inversión privada. Esas reglas cumplieron su objetivo, pero ahora el país ha cambiado y la minería en el mundo también. En los últimos años las sociedades y los Estados se han vuelto mucho más exigentes con la actividad minera, y existen conflictos como los que vivimos en el Perú, en todas partes, sobre todo en América Latina donde se concentra el 25% de la inversión en exploraciones mineras.

Por ello es necesario insistir en que el debate minero en el Perú debe dejar de ser en torno a la viabilidad ambiental o a la licencia social del proyecto Conga. Más bien se debe discutir las reformas que el gobierno se ha comprometido a elaborar y que probablemente el presidente Humala anuncie el 28 de julio.

Reformas que no pueden limitarse a meras modificaciones a los marcos ambientales, sino a afirmar el rol central del Ministerio del Ambiente en un nuevo sistema de evaluación ambiental, así como en el desarrollo de una política real de información, consulta previa y participación ciudadana sobre las concesiones y proyectos mineros, que debe llevar a cabo el Ministerio de Energía y Minas.

Además es fundamental que el presidente Humala recuerde que hace un año se comprometió a desarrollar una política de Ordenamiento Territorial (OT), la misma que desapareció del discurso presidencial desde que anunció su política de “agua y oro”, quizá porque le hicieron creer que el OT buscaba ser un freno para la minería, cuando en realidad es una política que permitiría un manejo más racional de nuestros recursos y una planificación ordenada de las diversas actividades económicas que se realizan en un territorio.

Lo mejor que puede hacer el gobierno nacional –mientras los facilitadores del diálogo escuchan a las autoridades y pobladores de Cajamarca- es exigirle a Minera Yanacocha que suspenda el proyecto Conga, además de renovar su gabinete y avanzar con la mayor velocidad posible en proponer al país la reforma ambiental prometida, cuyo debate requerirá tiempo y una buena disposición de los diversos actores. Solo así se podrá empezar a encontrar la solución al conflicto en Cajamarca y a la conflictividad minera en todo el país (Con información de Diario 16).

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