Servindi, 1 de julio, 2012.- La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) de Paraguay demandó que el Poder Ejecutivo abandone la “histórica práctica de la discriminación” y garantice los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas “innumerable veces violentados, tanto en la región Oriental como en la Región Occidental o Chaco, bajo el manto de silencio de la impunidad”.
Ante la grave crisis que atraviesa el país reiteran su esperanza que los derechos individuales y colectivos no se vean afectados y que las autoridades cumplan su deber y obligación de respetar la igualdad de todos los que habitamos esta República del Paraguay, sin distinción ni privilegios.
Comunicado de la FAPI
Ante la presente coyuntura política del país, resultante de la destitución del Pte. Fernando Lugo a través de un proceso sumario y traumático para todos, la FAPI, órgano que aglutina a varias asociaciones y organizaciones indígenas de ambas regiones del país, se dirige a la opinión pública nacional e internacional, a fin de manifestar lo siguiente:
1. Nuestra Organización Indígena, insta al gobierno instalado por el Congreso, a respetar los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, así como las reivindicaciones territoriales que desde muchos años estamos impulsando, en especial los derechos de nuestros hermanos en aislamiento voluntario, del pueblo Ayoreo en el norte del Chaco Paraguayo, y la del Pueblo Mbya Guaraní en el Tekoha Guazú-Territorio Tradicional, ubicado dentro de la Reserva para Parque San Rafael; el pago de la deuda histórica del Estado Paraguayo con los Pueblos Mbya Guaraní y Avá Guaraní, por la construcciones de las Represas Hidroeléctricas Yacyretá e Itaipú respectivamente. Los Pueblos Indígenas necesitamos que se nos asegure jurídicamente la tenencia ancestral y tradicional de nuestros territorios, y rechazamos las expresiones vertidas por el Presidente en ejercicio, Federico Franco, al sostener que “la problemática del país no es la tierra, sino dar insumo y generar fuente de trabajo”.
2. Nos preocupa gravemente, otras expresiones vertidas por quien ejerce el Ejecutivo, cuando a la prensa extranjera manifiesta “… que es el responsable de garantizar que no va haber guerra civil (sic)”1. Hasta este momento, la comunidad internacional es testigo de que todas las expresiones -tanto a favor como en contra de su asunción a la Primera Magistratura- han sido sin agresiones ni violencia. Estas expresiones sin asidero, proviniendo de quien ahora detenta el cargo como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y Pública, pueda provocar la alerta innecesaria de las fuerzas policiales y militares, convirtiéndose sus palabras en causal de acciones violentas y condenables. Pareciera que estas expresiones se alejan de ser real, contra quienes ejercemos nuestra Soberana Libertad de exigir y defender nuestros derechos. Reafirmamos en este punto, que el disenso en democracia es un derecho fundamental.
3. En reiteradas oportunidades, las comunidades indígenas y sus asentamientos han sido víctimas de la violencia, en especial por parte de la Policía Nacional, sin más argumento que la ilegal defensa de propiedades bajo dominio fraudulento de terceros, sobre tierras legalizadas a favor de indígenas por parte del Estado, incluso tituladas e inscriptas en la Dirección General de los Registros Públicos, violentando de este modo también la Constitución y la Ley. Esperamos que dichas situaciones ilegales no se reiteren, no solo por el daño que suponen, sino porque además se sumarían a la ilegitimidad de origen que en este momento se atribuye al Poder Ejecutivo.
4. Hemos escuchado insistentemente del Sr. Federico Franco, que brasileños y los denominados brasiguayos serán privilegiados para este gobierno y que se les dará “seguridad jurídica” en lo referente a sus medios de producción, entre ellos, la tierra. Creemos que igual compromiso de seguridad nos merecemos los Pueblos Indígenas, Campesinos y todos los paraguayos. Exigimos que el Poder Ejecutivo abandone urgentemente esta histórica práctica de la discriminación, y que esa misma garantía de derechos de la que habla, se dé también en relación con nuestros territorios, innumerable veces violentados, tanto en la región Oriental como en la Región Occidental o Chaco, bajo el manto de silencio de la impunidad.
5. Por último, reiteramos nuestra esperanza de que nuestros derechos colectivos e individuales no serán violentados dentro del tiempo que quepa ocupar a su gobierno, aguardando que la vigencia de los Derechos Humanos no se vea afectada por la grave crisis democrática que atraviesa el Paraguay, y que las autoridades en ejercicio cumplen su deber y obligación de respetar la igualdad de todos los que habitamos esta República del Paraguay, sin distinción ni privilegios.
Hipólito Acevey
Presidente de FAPI
Nota:
1 abc digital -26 de junio-11 y 33 horas
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