México: Población indígena es más vulnerable a padecer injusticias

Servindi, 22 de marzo, 2011.- La población indígena de México es la más vulnerable a padecer irregularidades en un proceso judicial, y se encuentra con más dificultades para acceder al Estado de Derecho, debido a las diferencias culturales y la marginación.

Según las cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo), hasta mediados del 2010 había 14 millones 172 mil 483 ciudadanos indígenas en México. Para esta población sólo hay 18 defensores públicos y 265 intérpretes certificados disponibles.

El Censo de Población Indígena Privada de la Libertad 2006, refiere que de 214 mil 275 personas, habían 8 mil 767 indígenas presos. Alrededor de 80% de los procesados y sentenciados no contó con un traductor.

Los indígenas son sometidos a procesos sin el auxilio de traductores o intérpretes. Y en los casos en que participan traductores, aunque éstos tengan conocimientos en español, no tienen los conocimientos jurídicos para explicar en su lengua los alcances de los procesos judiciales.

A esto se suma la falta de recursos económicos para contratar los servicios de asesoría y defensoría jurídica particular.

Actualmente, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INLI) trabaja con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para preparar y certificar a los defensores públicos bilingües y traductores e intérpretes.

Mientras tanto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) aplica un programa para la excarcelación de indígenas, el cual considera aspectos como la buena conducta, entre otros.

Algunas iniciativas

Genaro Cerna Lara, director de Acreditación, Certificación y Capacitación del INLI, explicó que se realizan diplomados de formación de intérpretes de lenguas indígenas en coordinación con los Tribunales Superiores de Justicia de los estados.

También junto a las procuradurías locales, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las instancias protectoras de derechos locales y de la sociedad civil.

Cerna Lara declaró que la ley exige que a los ministerios públicos y jueces el solicitar asistencia de un intérprete o traductor de la lengua indígena, sin embargo, esto no se cumple.

“Por eso estamos trabajando en ofrecer a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia un padrón nacional de intérpretes y traductores al cual puedan acudir cuando requieran sus servicios”, señaló.

Ello para facilitar la asistencia de un intérprete dentro del tiempo (entre 24 a 48 horas) aceptable durante el proceso.

Hasta la fecha se han realizado nueve diplomados para traductores bilingües, de donde se han acreditado a los 265 intérpretes disponibles actualmente, que sin embargo no cubren las necesidades reales.

Sin embargo, aun no se cuenta con un registro de los traductores o intérpretes que no necesariamente tienen conocimientos como para realizar una defensa adecuada, lo que genera el incumplimiento de los procesos.

Los obstáculos

Los traductores o intérpretes no sólo deben conocer las lenguas indígenas, sino también conocer a cabalidad los conceptos jurídicos.

El Informe del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas 2003 y 2004 señaló que la vulnerabilidad de los pueblos indígenas se observa principalmente en la procuración de justicia.

Los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, señala la nota, se han dado a la tarea de vigilar que se cumpla con la garantía de contar con un intérprete.

Cerna Lara manifiesta que los indígenas deben ser juzgados primero en base a sus usos y costumbres, y que cuando se apela sólo a la justicia indígena la problemática es menor.

“Por ello es importante que estos (jueces) conozcan la cultura para que los indígenas puedan ser defendidos apropiadamente, y en los casos que así sean, puedan evadir las consecuencias del dolo en la ejecución de un delito”, subrayó Cerna.

El funcionario del INLI refirió el ejemplo de “robarse a la novia” que entre los pueblos indígenas es un hecho loable, “al defender el hombre su rol protector”, sin embargo para los mestizos es un hecho que puede ser imputado de secuestro.

Igualmente, sostuvo Cerna, hay indígenas que se ven obligados a portar armas debido a sus actividades, lo que les sirve para, por ejemplo, defenderse de los animales.

Otros son juzgados de tráfico de drogas, cuando son usados para pasar las sustancias sin tener conocimiento de las mercancías que trasladan.

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