En entrevista con la revista Velaverde la congresista Verónika Mendoza apuntó claro y directo a la empresa Southern Perú, que goza del buen trato del gobierno y de la mayoría de los medios a pesar de sus faltas y responsabilidades
Servindi – Las denuncias por contaminación que pesan sobre la empresa minera Southern Copper están siendo solapadas en medio de las muertes y el desborde social producto del rechazo al proyecto minero Tía María.
Así lo sostuvo la congresista Verónika Mendoza en una entrevista con la revista Velaverdepublicada el lunes. “Su responsabilidad (de Southern) está siendo invisibilizada en todo este proceso”, afirmó.
Mendoza, parlamentaria de Acción Popular – Frente Amplio, recordó que dicha compañía y su presidente ejecutivo Oscar González Rocha acumulan denuncias y sanciones por contaminación.
“No lo dicen antimineros, lo dicen el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Ministerio Público”, explicó.
“Lo dicen los catorce informes del OEFA de 2014 que sancionan a Southern por incumplimiento de la normativa ambiental en sus otros proyectos en la costa sur del país”, añadió.
En ese sentido, Mendoza señaló que no se debe perder de vista el historial de la compañía frente a los conflictos sociales.
Sobre las serias acusaciones que pesan contra el dirigente Pepe Julio Gutiérrez, la parlamentaria cuestionó que no se condene con la misma dureza a la empresa.
“¿Qué clase de empresa es una que pretende ganarse la licencia social sobornando dirigentes?”, se preguntó en alusión al audio que compromete a Gutiérrez en un negociado con la empresa.
“De verificarse esto, se tendría que inhabilitar a la Southern para que invierta en Islay o en cualquier otro lugar del país”, sentenció.
Cabe precisar que un peritaje hecho al audio en cuestión confirmó hoy que se trata de la voz del mencionado dirigente.
En otro momento, Mendoza criticó el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Tía María.
Precisó al respecto que no existe una valorización de la productividad del Valle de Tambo que permita comparar el impacto de la minería en la zona frente a los beneficios de la agricultura.