Colombia: Suspenden minería en territorio de indígenas embera katío

Servindi, 13 de febrero, 2012.- Una buena noticia para los indígenas embera katío del Alto Andágueda. Un juez de Tierras ordenó la suspensión por seis meses de las licencias, concesiones y estudios para el otorgamiento de permisos mineros en sus territorios ubicados en los departamentos de Chocó y parte de Antioquia.

A través de una medida cautelar de carácter preventivo, el juez ordenó la protección del 80 por ciento del territorio colectivo que está en riesgo de ser ocupado por terceros que se han aprovechado del conflicto armado para la explotación de oro, pasando por encima del trámite de las consultas.

De este modo de las 50 mil hectáreas que conforman el territorio de los embera katío del Alto Andágueda, se consigue resguardar 13 mil producto del otorgamiento, hasta octubre de 2012, de 13 títulos por parte de la Agencia Nacional Minera que comprenden un total de 40 mil hectáreas.

Se debe sumar a ello la existencia de otras diez solicitudes que comprometen por lo menos 27 mil hectáreas del resguardo a favor de empresas como Anglogold Ashanti Colombia, Exploraciones Chocó Colombia y las empresas Capricornio S.O.M., Costa S.O.M., y Negocios Mineros S.A.

La decisión tomada, tal como lo explica el juez del agro, no se reduce solo a un problema de garantía constitucional de consulta previa, obligada por Ley como derecho fundamental, “si no que tienen la trascendencia tendiente a la protección de la garantía a la pervivencia física y cultural”.

Por todo ello, señala, que se hace urgente la intervención del Estado a través de la justicia transicional, vinculada a la generación de cambios estructurales en cuanto a prácticas que contribuyeron a generar el conflicto armado o el gobierno autoritario, o ambos, para alcanzar la democracia.

Ordena así que con apoyo de la Fuerza Pública se recupere en el menor tiempo posible el territorio indígena, se suspendan las actividades mineras y se retire tanto el personal de las empresas como su maquinaria en un plazo máximo de seis meses.

Es así que la Unidad de Tierra del Ministerio de Agricultura que presentó el pasado mes de octubre una demanda respecto a las citadas concesiones, algunas de las cuales tienen vigencia hasta el 2041, tiene este tiempo para que inicie las acciones que deriven en un pronunciamiento sobre el tema.

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