Las corporaciones mineras ejecutan proyectos que no tienen en cuenta los intereses de los pueblos indígenas radicados en las tierras en que operan ni los impactos que generan en la naturaleza, advirtió Saúl Vicente Vásquez, miembro del Foro Permanente para los Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas.
Cuando las poblaciones reclaman sus derechos y exigen ser consultados para otorgar su consentimiento sufren la criminalización de la protesta social, indicó.
Vázquez destacó algunos avances registrados en los países de Centro y Suramérica tras la aprobación en 2007 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular el reconocimiento otorgado a esas comunidades.
No obstante, indicó que ese progreso y el contenido del instrumento de Naciones Unidas no se materializan en el plano legislativo, salvo en los casos de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua.
Resaltó la labor de los indígenas para establecer redes de solidaridad, apoyo y construcción de movimientos nacionales y elogió lo sucedido en Bolivia, donde el pueblo originario logró llegar al gobierno y desde ahí hacer las reformas constitucionales necesarias.
Sin embargo, lamentó que en el resto de los países de la región temas como el derecho a la tierra, a los territorios y a los recursos naturales y al consentimiento libre, previo e informado aún no están plenamente aceptados.
Nos preocupa la situación, pues a pesar de la admisión de nuestros pueblos en la legislación, siguen vigentes la marginación, la pobreza, la expropiación y el despojo de nuestras tierras y recursos naturales, aseveró.
Vázquez manifestó que el Foro Permanente debe producir recomendaciones dirigidas a las diferentes agencias de ONU y los Estados miembros “para que mejoren el entendimiento con nuestros pueblos indígenas”.
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