Servindi – Con una marcha que congregó a cientos de personas en la provincia de Chiquirí, los indígenas panameños manifestaron su rechazo al nuevo Código Minero, impulsado por la administración Martinelli y que alienta la depredación del cobre en ese país.
La movilización fue fuertemente reprimida por las fuerzas del orden en el Cruce de San Felix, donde se informó que los manifestantes recibieron impactos de bombas lacrimógenas y gases pimienta lanzados por la Policía Nacional. Los reclamos se deben a la reapertura del proyecto de Cerro Colorado, que albergaría cerca de 17 millones de toneladas de cobre –equivalente al 85% de la demanda mundial prevista para el 2011–, y que ha puesto a Panamá en la mira de inversionistas de Corea del Sur, Singapur y Canadá.
Los pobladores Ngöbe-Buglé no quieren repetir la experiencia vivida con Panacobre S. A. y Codemin, los cuale dejaron un irreparable daño en su medio ambiente luego de extraer las riquezas naturales. “No podemos permitir que vengan compañías extranjeras a quitarnos las tierras y los recursos que nos pertenecen”, sostuvo Pedro Rodríguez, presidente de la comarca Ngöbe-Buglé.
Los defensores de la reforma del Código Minero alegan que es una medida que beneficiará económicamente al país, atraerá las inversiones, y que las mineras apoyarán con obras sociales a las comunidades afectadas. La iniciativa sostiene que las mineras serán gravadas con mayores multas por la contaminación, entre 5 mil y 250 mil dólares.
Asimismo, se dice que el canon recibido por el Estado será de entre 1 y 3 dólares por hectárea explorada, y entre 1, 5, y 8 dólares por hectárea para extracción, mientras que las regalías por la producción serán del 4 al 8%. Roberto Henríquez, ministro de Comercio e Industrias, argumentó que el aumento de cánones, tasas y regalías permitirá que “las comunidades reciban mucho más de lo que están recibiendo”.
Para Raisa Banfield, de Fundación Sostenible, “Se está hablando del aumento de tasas sin tener en cuenta los costos ambientales que nos deja la actividad y donde las mineras han incumplido innumerables veces con la normativa ambiental”.
Diversos grupos ambientalistas presentaron el pasado martes un anteproyecto de ley en el Congreso, para pedir una moratoria para la minería metálica a cielo abierto. Según Paco Gómez Nadal, de Human Rights Everywhere, Panamá “está en venta hace tiempo”. Detalló que “cada ciudadano cuando compra una bolsa de papas, paga un 7% de impuestos y muchas mineras van a dejar un 4%”.
27 de enero: Marcha popular
El día de hoy se realizará una Marcha convocada por los sectores populares, que saldrá del Parque porras, a las 4:00 p.m., con rumbo a la Presidencia, con el objetivo de denunciar las reformas del Código Minero. La marcha también tiene la finalidad de expresar indignación por los jóvenes quemados en el incendio del Centro de Cumplimiento de Menores, el cual fue propiciado por las fuerzas del orden.
Otro de los temas a tratar será la carencia de agua que afronta el país, que afecta de manera particular a las comunidades indígenas, puesto que no cuentan con los recursos suficientes para comprar agua embotellada. Además la especulación de las empresas ha provocado el encarecimiento exagerado del líquido vital.
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