Servindi – Durante el gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, 61 defensores de los derechos humanos y luchadores sociales fueron asesinados y al menos cuatro se encuentran en condición de desaparecidos.
Al parecer, los “operativos” para eliminar a quienes defienden la democracia y la justicia, serían dirigidos por grupos paramilitares, conformados por policías y militares en actividad.
El lúgubre registro de defensores y luchadores sociales asesinados asciende al menos a 61, 21 de los cuales son reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACDH ONU).
Los otros 40 son reivindicados por sus organizaciones o sus causas. A ellos se suman otros cuatro defensores víctimas de desaparición forzada.
Defensores asesinados
Blanca Mesina Nevarez, defensora de los derechos humanos en Tijuana, Baja California, recordó el día 18 de mayo del año que termina, cuando fue interceptada por una camioneta pick up negra con lunas polarizadas y sin placa.
En aquella ocasión un hombre alto y robusto la apuntó con un arma en la cabeza y le dijo: “Es la última vez que te aviso que dejen de denunciar. Aquí hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar”.
La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han otorgado más de 156 medidas de protección a más de 200 defensores mexicanos y algunos de sus familiares, entre enero de 2007 y noviembre de 2010.
El 67,7 por ciento de éstas se concentra en Guerrero, entidad ubicada en el Sur. Se trata de 107 medidas provisionales que la Corte solicitó al Estado mexicano, el 21 de abril de 2009, para igual número de defensores.
Estos defensores pertenecen a la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
“El ambiente de inseguridad, de violencia, se ha volcado en contra del trabajo de los defensores y defensoras. Esto se ve claramente en Ayutla de los Libres (Guerrero), relató Abel Barrera, director de Tlachinollan.
Añadió que los defensores aparecen siempre como los actores incómodos ante las políticas de contrainsurgencia y de combate a las drogas “Las autoridades casi siempre tratan de ligarnos con una agenda oculta, nos deslegitiman, nos descalifican, criminalizan nuestro trabajo”, expresó.
Informe anual 2010
El Informe anual 2010 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, indicó que “la represión de comunidades indígenas se dio notablemente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se registran los más altos índices de pobreza y se concentra una gran parte de la población indígena del país”.
Los defensores comunitarios de los derechos de los pueblos indígenas fueron uno de los grupos más afectados por la represión violenta”, indicaron.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado Hernández Valencia, dijo que es fundamental entender que “lo que viven los defensores y los casos que presentamos de agresiones no pueden meterse en el mismo paquete y en la bolsa oscura de una lucha contra el crimen organizado”.
No es el crimen organizado el que arresta a Raúl (Hernández Abundio). No es el crimen organizado el que viola a Valentina (Rosendo Cantú) y a Inés (Fernández Ortega)”, indicó.
“El gobierno mata, desaparece y mete a la cárcel a los defensores de los derechos humanos. Eso es injusto”, dijo Raúl Hernández Abundio en su idioma natal me’phaa, durante la presentación de la Actualización.
“Hay amenazas, y aunque se denuncien, como en el caso de Obtilia (Eugenio Manuel, indígena me’phaa, defensora y dirigente de la OPIM), no hay respuesta”.
http://www.servindi.org/actualidad/37566?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Servindi+(Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena)
Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando