Organizaciones indígenas de costa, andes y Amazonía rechazan intención de aprobar Proyecto de Ley 3941 el miércoles 15 por el Congreso de la República y anuncian Paro
Servindi, 15 de abril, 2015.- Las principales organizaciones nacionales que representan a las comunidades y pueblos originarios del Perú rechazan el proyecto de Ley 3941 elaborado por el Ejecutivo y anuncian medidas de protesta si el pleno del Congreso decide aprobarlo el miércoles 15, donde lo consigna en agenda con carácter de urgencia.
Congreso no debe someterse a la dictadura del MEF
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la organización nacional amazónica que articula a 92 federaciones indígenas y representa a 1500 comunidades nativas, llamó a sus bases a “organizar la defensa de derechos” en caso se consume la aprobación del citado proyecto.
Liderada por el dirigente Henderson Rengifo Hualinga, del pueblo Achuar, AIDESEP convocó a la “movilización organizacional a través de asambleas de información y pronunciamiento de las 92 federaciones asociadas”.
Asimismo, llamó a todas las bancadas parlamentarias a recibir tanto a la AIDESEP como al Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas a fin de practicar un diálogo alturado y reflexionar sin servilismo para no aprobar el proyecto 3941.
De esta manera el Congreso de la República enviará un mensaje alturado al Ministerio de Economía y Finanzas a fin que detenga sus actos desesperados y provocadores que en lugar de incrementar la inversión solo incrementará los conflictos sociales.
Triple despojo
AIDESEP calificó de triple despojo -legal, territorial y económico- el propósito del proyecto 3941 que al pretender declarar de interés nacional los derechos de vías “relativiza el derecho constitucional a la propiedad de al menos 1166 comunidades amazónicas y centenares de andinas, pendientes de titulación”.
Además, “fragmenta esos territorios en pedazos discontinuos y anula futuras compensaciones que pudieran percibir por el uso de sus tierras, violando así múltiples derechos contenidos en el tratado internacional 169-OIT” indica AIDESEP.
Mediante una carta dirigida tanto a las autoridades nacionales como de organismos internacionales la organización amazónica cuestionó que el proyecto aumente la inversión en infraestructura. Por el contrario, incrementará la exclusión social “al paralizar el reconocimiento a la propiedad de las comunidades de pueblos indígenas y por tanto el derecho a la compensación por el uso de sus tierras.”
Preparan Paro Nacional
Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA) y coordinador del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, calificó de burla la intención del gobierno de aprobar el proyecto 3941 a pesar de las observaciones presentadas “de manera pertinente y formal”.
En tal sentido invocó a las organizaciones sociales y pueblo en general a estar atentas y sumarse a las acciones de protesta, entre las que se encuentra un Paro Nacional a partir del 22 de junio.
Anticipó que el Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), afiliada al movimiento internacional Vía Campesina, que se desarrolla hasta el 17 de abril en Buenos Aires, Argentina, está atento a lo que sucede en el Perú y preparará un pronunciamiento al respecto.
Ronderos preparan protesta nacional
La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-PERÚ) también expresó su rechazo al proyecto de Ley 3941, como medida abiertamente inconsulta y atentatoria a los derechos de las comunidades, como es el caso de la Ley 30230 o primer paquetazo.
El viernes 10 de abril en conferencia de prensa AIDESEP, las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos anunciaron la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230 con el respaldo de 10 mil firmas ciudadanas.
En tal perspectiva Ydelso Hernández Llamo, presidente de la CUNARC-PERÚ, convoca para el viernes 24 de abril a una gran Asamblea Nacional de Presidentes provinciales y regionales de Rondas Campesinas del Perú, a fin de preparar y fortalecer las acciones de protesta programadas en el marco de un paro nacional cívico y popular.
Defensoría del Pueblo también efectuó observaciones
La Defensoría del Pueblo envió una carta al Congreso de la República para que reconsidere la aprobación del PL 3941 y recordó que el año pasado esta dependencia realizó observaciones al proyecto de Ley 3941, que no fueron tomados en cuenta.
Entre las recomendaciones formuladas por Eduardo Vega, titular de la Defensoría, se encuentra incluir una disposición final que señale expresamente que la iniciativa legal no se aplicará a los derechos de los pueblos indígenas, ni a la propiedad comunal de las comunidades campesinas y nativas, lo cual no ha ocurrido.
Solo se incluyó una exclusión de la aplicación de normas de servidumbre a las zonas de selva, pese a que existen pueblos indígenas en otras zonas del país.
Advirtió que, en dichos términos “la norma podría aplicarse respecto de las tierras y territorios de las comunidades campesinas, así como respecto de las tierras forestales que se encuentran en cesión en uso a favor de los pueblos indígenas, afectando su acceso al aprovechamiento de recursos naturales”.
El Defensor del Pueblo también expresó su preocupación por la “gran dificultad de las comunidades para probar la posesión de sus tierras y territorios, por lo que se requiere un procedimiento y plazos razonables”.
La mencionada situación se agravaría en un procedimiento de otorgamiento de servidumbre, debido a que las autoridades competentes deben pronunciarse sobre la referida solicitud en el plazo de 10 días previsto para la formulación de la opinión técnica y 15 días previstos para la entrega provisional de servidumbre, que además se encuentra sujeta a silencio administrativo positivo.
Atentado contra el derecho de propiedad
La Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú también expresaron su rechazo al dictamen aprobado del Proyecto de Ley 3941 por atentar contra el derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas.
En tal sentido “no se le puede exonerar de cumplir con llevar a cabo la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas en sede legislativa”.
Puntualiza que la aprobación del dictamen “es la reconfirmación de la tendencia del actual Gobierno por legislar sobre temas delicados en normas que abarcan muchos temas y derechos (…) con la finalidad de arrasar, desmantelar y confundir lo poco avanzado en políticas públicas y protección de derechos”.
Todo ello, genera incertidumbre entre la población, “exponiendo a la vulnerabilidad a nuestras comunidades campesinas y nativas y propiciando un escenario de agudización de conflictos socioambientales y territoriales.”
Todas estos cuestionamiento se agregan a los elaborados por las asociaciones miembros del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos como IDL. DAR, Cooperacción, Red Muqui, Fedepaz, IDLADS, entre otras.
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