Servindi, 11 de abril, 2015
En un hecho sin precedentes y con el respaldo de más de 10 mil firmas, organizaciones indígenas y de derechos humanos presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, conocida también como la ley del “paquetazo antiambiental”.
De esta manera, organizaciones indígenas de alcance nacional agrupadas en el Pacto de Unidad, así como la organización amazónica AIDESEP y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) acudieron al máximo tribunal del país para cautelar sus derechos constitucionales.
Asimismo, la alianza enfrenta en el terreno de la legalidad la estrategia pro inversionista que mediante paquetes legislativos o “combos” se abre paso sobre derechos de las comunidades y el ambiente.
En la presentación realizada en el local de la CNDHH, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que la demanda busca que el TC evalúe si la Ley 30230 respeta la constitución y los tratados internacionales.
Explicó que la referida ley vulnera el derecho a la consulta previa, al territorio y el referido al ambiente equilibrado y adecuado para la vida.
Por su parte el dirigente Antolín Huáscar, de la Confederación nacional Agraria (CNA), lamentó que esta ley no se haya consultado con los pueblos indígenas.
Indicó que existe desconfianza de parte de los pueblos indígenas hacia el TC porque sigue pendiente su opinión sobre la “ley de criminalización de protestas”.
Huáscar consideró que el máximo tribunal responde a los intereses del sector empresarial.
Por otro lado, Kety Marcelo de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) señaló que la serie de paquetes legislativos, o “paquetazos” que se han venido emitiendo están orientados a desaparecer a los pueblos indígenas.
Exigió respeto a sus derechos, entre ellos a la consulta previa que lleva ya vigente quince años.
Afirmó que los pueblos indígenas no se oponen a la inversión pero demandan que ésta se lleve a cabo con respeto a sus territorios.
Por su parte, Idelso Hernández, de la organización rondera CUNARC, señaló que los paquetazos -a los que calificó de atentados- “vulneran totalmente” los derechos de los pueblos indígenas.
Aseguró que a pesar de tener a varios dirigentes procesados e intimidados, están dispuestos a seguir luchando contra esta avanzada legal.
Demandó también que las inversiones respeten el derecho consuetudinario de los pueblos.
El abogado del Instituto IDLADS, Henry Carhuatocto Sandoval, advirtió que si dejamos la Ley 30230 vigente, “vamos a tener es un estado que no va a garantizar ningún derecho indígena, ninguna propiedad comunal”.
Del mismo modo, señaló que si se aprueba la Ley 3941 consolidaremos un Estado “que está huyendo de su rol tuitivo y que se entrega completamente a un rol de inversión que no es su único rol.”