Servindi – Indígenas de la región de Arica, al norte de Chile, rechazaron el “cierre exitoso” de una consulta indígena emprendida por el Gobierno y exigieron la derogación de las normas que la rigen porque consideran que no cumple con los “estándares internacionales”.
La “asamblea autoconvocada” de la comuna de Arica, compuesta por representantes de los pueblos Aymara, Quechua y Mapuche rechazó mediante un comunicado el anuncio que hizo el representante del Ministerio de Desarrollo Social, Julio Verdejo, acerca de la realización del proceso de consulta sobre dos medidas legislativas.
Los nativos consideran que el proceso de consulta no se ajusta a los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Las medidas consultadas son la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y de los Consejos o el Consejo de Pueblos Indígenas.
Tras enterarse, el pasado 19 de enero, del presunto “cierre exitoso” del proceso, anunciado por Verdejo, las organizaciones suscritas llamaron a las demás organizaciones indígenas y a la comunidad en general a “no dejarse engañar”.
En el comunicado exhortaron al Estado a abrir una instancia de diálogo con las autoridades indígenas de la comuna de Arica para debatir las propuestas generadas en la asamblea, garantizando la participación efectiva de los indígenas en el proceso.
Pidieron también la “inmediata derogación” de dos decretos regulan la consulta -decretos Nº 66 y Nº 40-, como “muestra de buena fe del actuar del Gobierno”.
Las comunidades se oponen al proceso de consulta basado en las regulaciones dispuestas en el Decreto Supremo N° 66 porque consideran que “no garantiza el derecho a la consulta”.
Recordaron que en el informe anual del el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentado en diciembre pasado, el organismo recomendó al Gobierno derogar ambos decretos.
Finalmente emplazaron a la presidenta del país, Michelle Bachelet, a cumplir su “palabra empeñada” de “revisar y modificar la legislación vigente en el país, en función de adecuarla a los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas.”
El pronunciamiento fue suscrito por Silvia López Blanco, de la Asociación Indígena Yatiña Uta; Jacqueline Bustillos Mamani, de la Asociación Indígena de Allegados y Desarrollo de los Pueblos Originarios y Urbanos.
Así como por Hortencia Hidalgo Cáceres, Coordinadora de la Mujer Indígena y Margot Ríos Mamani, Asociación Indígena Wiñay Inti-Sol Eterno.