Servindi, 20 de enero, 2015.- La comunidad campesina de Yanta, ubicada en la provincia de Ayabaca, Piura, denunció una serie de irregularidades en el proceso judicial que enfrenta con un grupo de ex comuneros, y que ha dado como resultado la presencia, en algunas horas, de un contingente policial en la zona.
El origen inmediato de los hechos se remonta a julio de 2013, cuando la Asamblea General de la comunidad decide tomar posesión de las parcelas de Manuel Benigno Peña Jiménez, Efraín Yacsahuanga Otero, Armando Acha Jiménez y Artemio Jiménez.
A los cuatro se les acusó de no cumplir con sus obligaciones comunales por cerca de siete años y, lo que es aún más grave, de atentar contra la propia comunidad.
Sin embargo, uno de los cuestionamientos más llamativos que se les hizo en su momento tuvo que ver con el servicio que brindaron a la empresa minera Río Blanco (ex Majaz).
Según denuncias hechas por dirigentes de la comunidad, los cuatro sujetos recibían un pago mensual de la empresa a cambio de convencer a los comuneros de manifestarse a su favor, es decir, a favor de Río Blanco.
La respuesta de los cuatro ex comuneros no se hizo esperar a raíz de la medida tomada por la comunidad, es así que ellos presentan una denuncia en contra de 13 dirigentes de Yanta por varios delitos, entre ellos secuestro, coacción, violación de domicilio, usurpación, entre otros.
Ellos pidieron entre otras cosas, el “desalojo preventivo” de “sus parcelas”, las mismas que habían sido revertidas a la comunidad en el marco de lo que señala la Ley de comunidades campesinas, el estatuto de la comunidad y los acuerdos que se tomen dentro.
La respuesta de la Fiscalía de Ayabaca que recibió la denuncia, y luego de hacer la diligencias preliminares, no fue otra que la de archivar el caso.
Los problemas para la comunidad surgieron más tarde cuando los cuatro acusados deciden apelar esta decisión ante la Sala Penal de Apelaciones de Sullana, provincia al oeste de Ayabaca.
Dicha sala convoca a una audiencia para el 14 de octubre de 2014 pero sin notificar de la misma a los abogados defensores de los 13 dirigentes. Esta situación llevó a que se convoque a una nueva audiencia para el 23 de octubre. En este caso tampoco se notificó a los abogados.
Osman Mija Carrión, asesor legal de la comunidad de Yanta, precisó al respecto que al no estar presentes los abogados, lo que corresponde a la juez ponente del caso es oficiar a la Defensoría Pública para que esta se haga cargo de la defensa de los imputados.
No obstante, algo realmente sorprendente ocurrió el 20 de noviembre. La jueza Terrones Deza, a cargo del caso, decidió llevar una audiencia sin la presencia de ningún abogado defensor ni particular ni de la Defensoría Pública de los imputados.
En dicha audiencia se decidió por mayoría revocar el auto emitido por el Juzgado de Ayabaca, con fecha 19 de agosto del 2014 , en el que se señalaba que el “desalojo preventivo” no procede.
Cabe precisar que dicha orden de desalojo se da a favor de solo dos personas: Manuel Benigno Peña Jiménez y Efraín Yacsahuanga Otero.
No obstante, hasta ese momento nadie en la comunidad de Yanta estaba enterado de lo que venía ocurriendo en Sullana.
Según explica el asesor legal de la comunidad, recién el 14 de enero de este año, es decir hace menos de una semana, es que se enteran de la medida a raíz de un mandamiento de “desalojo preventivo” ordenado vía una resolución por la Sala de Sullana el cual debe cumplirse el 20 de enero de 2015 a las 11 de la mañana.
Lo llamativo de cómo se dieron las cosas causó indignación en Mija Carrión quien reclamó la arbitrariedad cometida por la Sala, más aún tomando en cuenta “que el nuevo Código Procesal Penal es un código garantista que establece derechos de los imputados que deben ser respetados”.
Si bien no tienen pruebas a la mano que lo demuestren, tanto Mija como el expresidente de la comunidad de Yanta, Magdiel Carrión Pintado, involucrado en el caso al ser uno de los 13 dirigentes acusados por los cuatro ex comuneros, están convencidos de que detrás de este hecho se encuentra Río Blanco.
Carrión Pintado se pregunta así cómo es que estas cuatro personas, que no cuentan con parcelas para producir u otros bienes, pueden pagarse abogados de Piura y más aún de una importante firma.
Por lo pronto, la comunidad ha anunciado que no permitirán el ingreso de los policías. En ese sentido, sostuvo el asesor legal, responsabilizan por lo que pueda ocurrir al juez a cargo de la diligencia.
“Se acordó en una reunión que hemos tenido el día 16 (de enero) en la comunidad que no se van a dar las garantías para que esto (el desalojo) se lleve a cabo”, explicó.
Seguidamente sostuvo que si el juez decide pese a ello llevar a cabo su mandato, responsabilizarán directamente al juez y a la policía por cualquier hecho de violencia que suceda.
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