Indígenas exigen a las autoridades una pronta solución pacífica
Servindi – Mientras la capital peruana celebra un aniversario de su fundación española, a miles de kilómetros, en la ciudad de San Lorenzo, capital de la provincia Datem del Marañón, región Loreto, se incuba un conflicto de imprevisibles consecuencias.
El sábado 17 de enero se produjo una gresca entre representantes de la organización indígena Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) y un grupo de colonos invasores de un predio de propiedad de la organización.
El hecho se produjo cuando el grupo indígena se acercó a radio Libertad a pedir explicaciones al abogado Cristóbal Silva Rosa, quién defiende la ocupación ilegal y aprovechó la transmisión radial para insultar e injuriar a los indígenas.
Sin respetar el estado de derecho y violentando el proceder de las autoridades el abogado de los invasores llamó a desconocer lo actuado por la fiscalía y exigió se retroceda en la planificación del desalojo preventivo.
Luego denostó duramente de la organización indígena, pretendiendo desacreditarla. Calificó a los indígenas de corruptos, oportunistas, incapaces, incivilizados entre otros términos peyorativos, según denunció el comunicado de CORPI SL.
La gresca dejó un saldo de tres heridos por parte de la organización indígena: Abelino Chimpa, que sufrió una fuerte lesión en la cabeza y golpes, así como Francisco Taish y Benito Vargas que recibieron golpes y cortes en el cuerpo.
Por parte de los usurpadores, se constató que Humberto Pizuri Huazangano se encontraba en la sala de emergencias del Hospital Santa Gema de Yurimaguas golpeado, pero estable. Hasta ahí había sido trasladado en una avioneta.
La invasión de Yachaycuna
La invasión del predio Yachaycuna de propiedad de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) se efectuó en diciembre de 2014, mientras sus representantes se encontraban en Lima, con motivo de la COP 20.
En el terreno de 50 hectáreas se desarrolló por varios años un proyecto de huertos integrales comunales que permitió aumentar la productividad del suelo y reforestarlo. En él también se realizaron estudios sobre plantas medicinales y proyectos educativos para la población indígena de la zona.
Tras la ilegal ocupación, Marcial Mudarra Taki, presidente de CORPI SL denunció la ocupación ante el fiscal provincial de turno y el 9 de enero, Henry Cerna, fiscal de San Lorenzo, acompañado de la Policía Nacional, realizó una inspección al predio de CORPI.
Entonces los invasores se resistieron a abandonar las tierras y respondieron de forma hostil a la autoridad. Cabe precisar que el 30 de diciembre, representantes de CORPI solicitaron garantías personales, ya que habían recibido amenazas por parte de los invasores.
Tensión en Yurimaguas
CORPI SL es una organización regional descentralizada afiliada a la nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva Peruana (AIDESEP) y representa a nueve pueblos indígenas de las provincias Alto Amazonas y Datem del Marañón.
Su presidente Marcial Mudarra solicitó a las autoridades el desplazamiento de la fuerza policial de manera inmediata declarando San Lorenzo como una zona de emergencia y a fin de garantizar la recuperación pacifica del terreno comunal Yachaycuna.
Mudarra recuerda que el pueblo indígena agotará hasta la última posibilidad para una solución pacifica, siempre que se respete su dignidad y gobierno autónomo y las autoridades brinden una pronta solución para recuperar el terreno comunal a fin de asegurar los proyectos que allí deben ejecutarse el 2015.
Cabe destacar que la localidad de San Lorenzo se encuentra en un área inaccesible, a catorce horas desde Yurimaguas en deslizador que es el medio de transporte más rápido después del aéreo.
En la localidad solo hay seis policías y 150 indígenas, aunque se espera la llegada de más procedentes de otras zonas.
Autoridades se desplazan hacia la Yurimaguas
Funcionarios del Ministerio de Cultura se desplazaron hasta Yurimaguas para reunirse con representantes de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Juzgado Mixto en aras de propiciar un diálogo entre las partes en conflicto.
Mediante un comunicado el Ministerio de Cultura exhorta a la calma y a la búsqueda del diálogo y manifiesta que desarrollará las acciones necesarias en coordinación con los otros sectores del Estado a fin de evitar un conflicto mayor, con el objetivo de salvaguardar los derechos de la población de la zona.
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Imagen: Diario Ahora
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