Servindi – Un informe de la organización Amnistía Internacional (AI) critica las demoras en el proceso de restitución de tierras a indígenas y afrodescendientes, que fueron desplazados a consecuencia del conflicto armado interno.
La publicación titulada “Colombia: Restituir la tierra, asegurar la paz” calcula que el número de personas que se han visto obligadas a huir de la guerra interna, que lleva más de 50 años, asciende a seis millones.
Además, estima que producto de las acciones de la guerrilla, los paramilitares, las redes del narcotráfico y de empresas dedicadas a la minería ilegal*, “al menos 8 millones de hectáreas de tierras (aproximadamente el 14 por ciento del territorio de Colombia) han sido abandonadas o adquiridas por la fuerza.”
En ese marco, y teniendo en cuenta que se cumplen casi tres años del inicio del llamado proceso de paz, el informe explica que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), que se aprobó en 2011 y entró en vigor al año siguiente, solo ha afectado a una pequeña parte de los legítimos ocupantes, principalmente campesinos.
Y que los decretos conexos 4633 para los indígenas y 4635 para los afrodescendientes -en vigor ambos desde el 2012- tampoco lo han hecho, por lo que el proceso de restitución avanza con “gran lentitud”.
En ese sentido, sostiene que el éxito del proceso “dependerá en gran medida de si las autoridades pueden garantizar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.”
Graves amenazas al proceso
Según explica el informe de Amnistía Internacional, disposiciones legales promovidas por el gobierno amenazan con menoscabar aún más el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes a la propiedad colectiva de sus territorios.
Es el caso de la Ley 1753, aprobada por el Congreso en junio de este año, que “amenaza con legitimar las apropiaciones de tierras al facilitar la continuidad de la explotación del potencial económico de tierras adquiridas indebidamente”.
Citando a la Defensoría del Pueblo de Colombia, el informe recuerda que los títulos mineros otorgados por el Estado en territorios indígenas o afrodescendientes también pueden ser “ilegítimos” si se conceden sin la consulta válida y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.
De hecho, esto ha venido ocurriendo, explica el informe. Por ello la organización autora del mismo insta al Gobierno a “anteponer el derecho a decidir sobre la tierra al deseo de las empresas que quieren explotar estas zonas ricas en recursos naturales”.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía, del Programa Regional para América, sostuvo que “cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir cómo se usan, tengan prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio.”
Según cifras oficiales, en Colombia viven casi un millón y medio de indígenas, más del 70 por ciento habitan en zonas rurales.
En el caso de los afrodescendientes, el censo del 2005 registró que estos eran más de 4 millones. No obstante, las organizaciones que los representan estiman que la cifra es de 10 millones, aproximadamente el 25 por ciento de la población total.
Puede acceder al informe de Amnistía Internacional a partir del siguiente enlace:
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*Por minería ilegal se entiende en el documento aquella que a menudo es respaldada por fuerzas guerrilleras o paramilitares, que entran en zonas sin solicitar derechos de explotación minera o que llevan a cabo actividades mineras en zonas no abarcadas por títulos mineros.
Familias indígenas desplazadas acampan bajo un edificio en Alto Andágueda, departamento de Chocó. Foto: Steve Cagan
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