Según informe, especial vulnerabilidad se debe a varios factores entre los que se incluyen el hecho de que desafían a importantes intereses económicos respaldados por actores poderosos como los Estados y las empresas.
Servindi – El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos pidió a los Estados “reconocer total y visiblemente” el papel legítimo que cumplen los defensores y las defensoras de derechos humanos.
Asimismo exigió prestar especial atención a su particular situación de vulnerabilidad.
El Observatorio realizó dicha petición a través de su informe “No tenemos miedo”. Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado, correspondiente al 2014.
Según el documento, la especial vulnerabilidad de los defensores del derecho a la tierra se debe a una serie de factores entre los que encuentran el hecho de que desafían a importantes intereses económicos respaldados por actores poderosos como los Estados y las empresas.
Otro factor tiene que ver con el hecho de que generalmente operan en zonas remotas en las que el Estado de derecho es débil y en las que es difícil acceder a los mecanismos de protección.
“Detrás de los ataques a las defensoras y los defensores encontramos que, en el entorno en el que trabajan, las autoridades esquivan su obligación de garantizar el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos”, advierte el documento.
“Esto, a su vez, refleja un mundo en el que los planes de desarrollo y las inversiones que afectan a la tierra se llevan a cabo a expensas de los usuarios locales que dependen de esa tierra para su supervivencia”, añade.
En ese sentido, el informe del Observatorio sostiene que alrededor de la mitad de la población mundial vive en áreas rurales y por lo tanto depende directamente de la tierra para su subsistencia diaria, ya sea por la agricultura, el pasto para el ganado, la caza, la recolección o la pesca.
“Esta ausencia de protección se ha convertido en una de las principales causas de conflicto en los casos de acaparamiento de tierras y recursos en los que los gobiernos y los actores económicos no se preocupan por el respeto de los derechos humanos de quienes viven allí”, apunta el documento.
Las causas
Según explica el informe, la primera causa del aumento de las presiones sobre la tierra tiene su origen en que unos dos tercios de las transacciones de tierra a gran escala tienen como objetivo la realización de proyectos agroindustriales (como el aceite de palma, la caña de azúcar, el cultivo de maíz, etc).
Se calcula que la mayoría de estas transacciones tienen lugar en África.
En segundo lugar están las industrias extractivas como la minería, la extracción de petróleo o la explotación forestal que tienden cada vez más a localizarse en zonas remotas, incluyendo en zonas donde habitan pueblos tribales e indígenas.
Otra de las causas, explica el informe, tiene que ver con el número de áreas protegidas para su “conservación” que ha aumentado de manera exponencial desde la década de 1990.
El documento señala que entre 1990 y 2012 se incrementó en un 48% debido a las políticas internacionales y a la financiación y, aunque no todas las áreas protegidas excluyen a las personas, muchos intentos por “conservar” el medio ambiente no han mostrado consideración alguna por los derechos humanos de los usuarios locales.
Cabe destacar que a la fecha no existe un instrumento de derechos humanos que reconozca expresamente un derecho humano a la tierra somo tal (a excepción del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios).
No obstante, sostiene el trabajo del Observatorio, “el derecho a la tierra es fundamental e incluso podría entenderse como una pieza clave para la ejecución de varios derechos humanos protegidos por el derecho internacional”.
Defensores del derecho a la tierraSegún el informe “No tenemos miedo”. Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado, los defensores del derecho a la tierra forman un grupo heterogéneo. Incluye a usuarios de la tierra que se han visto afectados por las prácticas o las políticas que han tenido un impacto negativo en su acceso a la tierra y que se han comprometido con la promoción y la protección del derecho a la tierra de grupos más amplios. Algunos ejemplos, precisa el informe, son los líderes o miembros de comunidades rurales o los pueblos indígenas que trabajan por el respeto de su derecho colectivo a la tierra, los campesinos, los cazadores, los pastores o los habitantes de zonas urbanas que quieren preservar su derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la vivienda. También puede tratarse de profesionales que no se ven afectados personalmente por los litigios por la tierra pero que actúan en calidad de aliados de quienes quieren que se respete su derecho a la tierra y los derechos humanos ligados a ella, como los representantes y los miembros de las organizaciones no gubernamentales (ONG), los abogados, los periodistas y en algunas ocasiones incluso las autoridades gubernamentales, los miembros del sector privado, etc. |
Para acceder a la versión en pdf del documento hacer clic en el siguiente enlace:
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