
El Plan Nacional de Desarrollo, que deberá ser discutido y aprobado en el Congreso durante los próximos tres meses y luego avalado por la Corte Constitucional arrancó con una papa caliente: la consulta previa afro. Por ser un proyecto de alcance nacional debía ser consultado previamente con las comunidades indígenas y afrocolombianas. Y aunque no hay quejas de las comunidades por cómo se desarrolló la consulta indígena, en el caso afro la aprobación se complicó.
La consulta previa es un derecho constitucional que tienen los indígenas y las comunidades negras a ser consultadas sobre proyectos que puedan afectar su comunidad como una forma de proteger la identidad cultural, social y económica de las minorías étnicas. En el caso de la población afrocolombiana, las instancias de interlocución con el gobierno son la Comisión Consultiva de Alto Nivel y las Comisiones Consultivas Departamentales Regionales. A nivel nacional son 43 delegados los que integran la Consultiva, elegidos por las Consultivas Regionales, elegidos a su vez por los Consejos Comunitarios afros (cada comunidad forma un Consejo Comunitario como forma de administración interna y para recibir sus tierras como propiedad colectiva). Y fue en la Consultiva Nacional donde arrancaron los problemas.
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