Servindi, 25 de agosto, 2011.- Ayer se realizó el primer paso en el diálogo entre los indígenas del TIPNIS y el Gobierno del presidente Morales, en la reunión con los ministros enviados a la localidad de San Borja. Se acordó un cuarto intermedio hasta hoy para seguir discutiendo sobre las 16 demandas y la presencia del propio Evo Morales en la marcha.
Por parte del Gobierno estuvo el ministro Delgadillo, la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, y los viceministros de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, y Medio Ambiente, Cinthya Silva.
“Es una primera reunión y mañana (hoy) vamos a comenzar a discutir la metodología de la negociación. Yo calculo que va a haber la interpretación de las propuestas y que es todavía precipitado entrar en temática. Pero es el ritmo de negociación que han dado los propios compañeros marchistas que será, probablemente al más alto nivel”, informó Delgadillo.
El vocero de la marcha, Adolfo Moye, sostuvo “todo diálogo que se lleve adelante es a la cabeza del presidente Evo Morales. Se hizo un análisis ya y se definió que todo diálogo debe ser con el presidente”.
Moye, de la Subcentral del Tipnis, rechazó las acusaciones del Gobierno indicando que, al menos en su territorio, no hay indígenas traficantes de madera ni que hayan recibido el apoyo de Usaid.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió “voluntad política” para que el Gobierno y los indígenas se reúnan e hizo un llamado para que terminen las acusaciones del Ejecutivo y agregó que esta situación desgasta “mucho más la imagen del Gobierno”.
En tanto, la diputada Marcela Revollo (MSM) pidió ayer al ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, presentar y difundir el contrato que firmó con la empresa brasileña OAS, encargada de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“Hemos presentado una petición de informe oral al ministro Walter Delgadillo para que a través de la comisión de Planificación de la Cámara de Diputados le explique al país presentando el original o una fotocopia legalizada del contrato con OAS, del contenido, del presupuesto y de los trazos”, dijo.
Los dirigentes indígenas manifestaron su molestia por los ataques del Gobierno y rechazaron las últimas denuncias efectuadas ayer por el exministro Juan Ramón Quintana.
A pesar de las acusaciones que el Gobierno ha hecho los últimos días, los marchistas enviaron el martes una carta dirigida al Jefe de Estado y a sus ministros de Medio Ambiente y Aguas, Obras Públicas, Hidrocarburos y Energía, Desarrollo Rural y Agrícola, Educación y Salud, luego de una asamblea.
EEUU confirma llamadas a indígenas y pide a Evo no difundir el contenido (De FMBolivia)
El ministro consejero de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, William Mozdzierz, confirmó el martes que el encargado de asuntos indígenas, Eliseo Abelo, mantuvo contacto telefónico con los dirigentes indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que marchan en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos.
“La Embajada de Estados Unidos ha reconocido de manera expresa que esas comunicaciones registradas corresponden verazmente a llamadas sostenidas entre el asesor de la sección política y económica de la embajada norteamericana con los líderes y personas indígenas informadas por el Gobierno, es decir Rafael Quispe, Pedro Nuni, y la esposa del presidente de la Cidob, Adolfo Chávez”, informó el ministro de la Presidencia y canciller interino, Carlos Romero que se reunió con Mozdzierz.
El representante de la embajada estadounidense fue convocado por el Gobierno boliviano después de que el presidente Evo Morales denunció esos contactos telefónicos, que consideró una injerencia política.
El canciller Romero informó que el diplomático estadounidense reveló que ese tipo de comunicaciones también se sostienen con algunos líderes y analistas con el objetivo de obtener información acerca de la situación del país, “del contexto de las dinámicas sociales y políticas para tener una valoración de la situación contextual en cada coyuntura”.
En esa línea, Romero expresó el “malestar” del Gobierno boliviano por esos contactos directos de la embajada de Estados Unidos, cuando debe acudir a la Cancillería, que es la interlocutora directa con las representaciones diplomáticas en Bolivia.
“Les hemos expresado también nuestra contrariedad porque consideramos que se ha vulnerado el artículo 41 de la Convención de Viena, que señala expresamente que todas las personas que gozan de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, también están obligados a no inmiscuirse en asuntos internos de ese Estado”, argumentó.
En esa dirección, Romero consideró que esas comunicaciones telefónicas “no son propias” de una relación bilateral, que respete la soberanía de un Estado y que no se inmiscuya en asuntos internos.
Además, alertó de la coincidencia de los contactos telefónicos con los días preparatorios a la movilización indígena, que partió el pasado 15 de agosto del departamento amazónico de Trinidad.
“Ratificamos nuestro malestar, no puede una Embajada a partir de su sección política mantener una comunicación permanente con los líderes de una movilización social, porque de algún modo la movilización tiene una connotación política y es un tema interno del Estado y hemos ratificado nuestra contrariedad y preocupación”, reiteró.
Romero informó que, ante la preocupación del Estado boliviano, el representante de la embajada de Estados Unidos se comprometió “a tomar las medidas que corresponden” en caso de que funcionarios de la Embajada o de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) incurran en una injerencia política, que afecte al Estado boliviano.
Asimismo, dijo que ambos países coincidieron en la necesidad de trabajar en los mecanismos de comunicación y coordinación, en el marco del respeto a la soberanía del Estado boliviano.
El gobierno, a raíz de estos contactos, precisó que la representación de Estados Unidos violó el artículo 41 de la Convención de Viena, que establece que quienes gozan de privilegios e inmunidades deben respetar las leyes del Estado receptor y no inmiscuirse en asuntos internos.
“El representante de la Embajada dijo que en caso de que el Estado boliviano pueda producir nuevas investigaciones y que revelen que funcionarios de la Embajada o de Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) han incurrido en una injerencia política interna que afecta al Estado boliviano, ellos se comprometen a asumir las medidas que corresponden”, expresó.
Denuncia (Del diario Los Tiempos)
Activistas enviaron una denuncia escrita contra el Gobierno al representante en Bolivia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Denis Racicot, por, supuestamente, cometer ilegalidades en el proyecto de la carretera Villa Tunari –San Ignacio de Moxos y atentar contra los derechos de los pueblos indígenas.
Los denunciantes acusan al Ejecutivo de decidir la construcción de la ruta sin seguir procedimientos técnicos, administrativos y legales, sin estudio de impacto ambiental previo, sin aplicar el derecho a la consulta a tres territorios indígenas que serán afectados por el camino y transgredir la Constitución Política del Estado (CPE).
Los activistas solicitaron al Alto Comisionado ordenar al Gobierno de Evo Morales la suspensión de las obras de la ruta hasta resolver las denuncias.
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