ONU: El trabajo forzoso y los pueblos indígenas

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que hay 12,3 millones de personas que son víctimas del trabajo forzoso. Otras entidades han calculado que la cifra alcanza los 27 millones. El trabajo forzoso se practica en todas las regiones del mundo y a menudo suele estar vinculado con formas de discriminación que por largo tiempo se han impuesto a los pueblos indígenas y a otros grupos de la población que son objeto de discriminación.

Históricamente, los pueblos indígenas de todo el mundo han sufrido muchísimo a causa de la esclavitud y el trabajo forzoso, y muchos continúan hoy día padeciendolo. Debido a la discriminación, la marginación, la pobreza y un conjunto de otros factores, los pueblos indígenas son vulnerables al trabajo forzoso, a la servidumbre por deudas, a la trata y otras situaciones análogas a la esclavitud.

En Asia, el trabajo en condiciones de servidumbre ha sido y sigue siendo especialmente rigurosa entre las castas y tribus reconocidas de la India; y entre los pueblos indígenas de Nepal occidental. Se sabe también que los pueblos indígenas o las tribus de las montañas, en particular las mujeres y los niños, de toda la región del Mekong en Asia sudoriental son especialmente vulnerables a la trata para la explotación sexual.

En toda África, el trabajo forzoso contemporáneo y las prácticas análogas a la esclavitud parecen ser un problema específico de esos países, que tienen una historia reciente de esclavitud y donde hay informes de que se mantienen patrones de discriminación contra las personas que descienden de esclavos.

En América Latina, hoy día como hace siglos, las principales víctimas del trabajo forzoso son los pueblos indígenas (1). El trabajo forzoso en América Latina tiene lugar en los cañaverales y las plantaciones de castañas de Pará, así como en campamentos madereros del Amazonas. Los métodos de coacción de los labriegos incluyen la servidumbre por deudas, así como amenazas y el uso de la violencia.

Los niños indígenas tienen a ser más vulnerables que los no indígenas. Hay más probabilidades de que vivan en la pobreza; carecen de acceso a la educación y a la atención de la salud y son más vulnerables a prácticas laborales abusivas.

Se estima que es probable que el número de niños indígenas de América Latina que trabajan duplique el de niños no indígenas. Por ejemplo, en Guatemala se registró una disminución constante del número de niños no indígenas que trabajaban en el país entre 1995 y 2004, pero no se registró cambio alguno en el número de niños indígenas en la fuerza de trabajo.

Se pueden observar tendencias análogas en otras regiones, entre ellas, Kenya y Filipinas. Se ha prestado relativamente poca atención al trabajo de los niños indígenas y este asunto sigue prácticamente invisible y no se registra en los métodos tradicionales de reunión de datos.

La Organización Internacional del Trabajo estima que 41% del total de niños de África entre 5 y 14 años de edad realizan alguna actividad económica, mientras que en Asia, 60% de los niños son económicamente activos.

Los estudios han demostrado que los niños indígenas están sometidos a muchas de las peores formas de trabajo infantil, como el trabajo en condiciones de servidumbre y el trabajo doméstico, la participación en conflictos armados y la prostitución.

Lamentablemente, escasean los datos estadísticos y no se presta mucha atención a la trata de pueblos indígenas, sobre todo las mujeres y las niñas. La marginación de que son objeto, la pobreza y la exposición a la violencia las hace vulnerables a la trata. Las mujeres indígenas, que hacen frente a múltiples formas de discriminación, son particularmente vulnerables a la explotación sexual, así como a otras formas de trabajo forzoso.

La situación del trabajo forzoso en la región del Chaco

En 2008, atendiendo a una petición de los Gobiernos de Bolivia y el Paraguay, el Foro Permanente organizó la visita de varios organismos a la región del Chaco para verificar las denuncias de trabajo forzoso y servidumbre entre el pueblo guaraní. La misión se reunión con representantes de los gobiernos y los organismos de las Naciones Unidas, así como de diversas organizaciones indígenas.

En las grandes haciendas de la región boliviana y paraguaya del Chaco, los pueblos indígenas guaraníes han estado sometidos a condiciones análogas a la esclavitud desde finales del siglo XIX. Pese a los esfuerzos desplegados por varios gobiernos, incluida la reforma agraria, así como la condena internacional, esta práctica se mantiene y entre 5.100 y 7.200 guaraníes siguen sometidos a la servidumbre en las haciendas remotas.

En la región del Chaco se utiliza un término específico para el trabajo forzoso, a saber,empatronamiento (que significa estar sujeto al “patrón” o empleador). Con mucha frecuencia, se trata de servidumbre o servidumbre por deudas (enganche), o el cautiverio de familias dentro de las haciendas.

Los hombres y mujeres guaraníes envejecen en las haciendas, trabajando como labriegos en los campos, cuidando el ganado o realizando otras labores, entre ellas labores domésticas, para el patrón. Los salarios son sumamente bajos o no existen, y a menudo el dinero no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

Los trabajadores indígenas se endeudan con los patronos, quienes les anticipan la remuneración en la forma de alimentos y ropa a precios altos lo que crea una deuda perpetua.

La situación es especialmente perjudicial para las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, al que dedican larga horas de trabajo, en un entorno de sumisión, desconsideración y maltrato físico y verbal. Por otra parte, en muchos casos no cuentan con remuneración monetaria ni seguro de salud.

La misión del Foro Permanente encontró ejemplos de diversas formas de maltrato, incluido el trabajo forzoso, el trabajo infantil, malas condiciones de trabajo, abuso sexual, la perdida de tierras y la consiguiente falta de acceso a ésta, y la carencia de servicios sociales.

Además, se encontraron restricciones al derecho a la libertad de asociación, discriminación y acceso a la justicia. Con base en lo anterior, el Foro Permanente formuló algunas recomendaciones. Uno de los principales resultados fue que los Gobiernos de Bolivia y Paraguay han mantenido un diálogo con el Foro Permanente para dar seguimiento a las recomendaciones.

 

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