Servindi – A partir de la fecha las comunidades nativas de Bolivia podrán juzgar los delitos menores cometidos en sus poblados según sus costumbres ancestrales, merced a la nueva ley promulgada por el presidente Evo Morales.
Según la Ley de Deslinde Jurisdiccional promulgada el 31 de diciembre último, se respetará y garantizará el derecho de las mujeres a ejercer como jueces y no se podrá despojar de sus tierras a personas de la tercera edad o discapacitados.
Según se estipula en la Constitución boliviana, la justicia indígena no aplicará la pena de muerte ni tampoco se podrá juzgar los delitos contra el derecho internacional ni de lesa humanidad.
Los casos de violación y asesinato de menores, seguridad interna, terrorismo, corrupción, narcotráfico, hidrocarburos o cualquier otro cuya víctima sea el Estado, tampoco están comprendidos dentro de la nueva ley de justicia indígena.
De igual forma, “el linchamiento es una violación a los derechos humanos y no está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado”, señala la ley al hacer referencia a una costumbre arraigada en algunas comunidades rurales y barriadas.
Igualmente se prohíbe juzgar a personas “no indígenas” que cometan delitos dentro del territorio de las comunidades.
Con respecto al tema agrario, se podrán tratar los casos de distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas.
La Constitución, vigente desde 2009, reconoce tres jurisdicciones: la ordinaria (los tribunales), la agroambiental y la indígena originaria. La ley de deslinde reconoce a esta última jurisdicción de igual jerarquía que las demás, pero también la obliga a respetar los fallos de las otras dos.
Tradicionalmente las autoridades indígenas juzgan casos en asambleas comunales y su máximo castigo puede consistir en la expulsión definitiva de la comunidad, pena que se impone inclusive en casos de infidelidad conyugal.
La Constitución también garantiza que pueblos indígenas minoritarios y la minoría afroboliviana pueda elegir directamente a sus representantes en la Asamblea Legislativa.
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