Paraguay: Impiden a observadores internacionales verificar situación de indígenas

Servindi – Peones de la estancia El Algarrobal S.A. impidieron que observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleguen a las comunidades de Yakye Axa y Sawhoyamaxa en el Chaco  paraguayo para verificar la situación de hostigamiento en que se encuentran. Los indígenas de la comunidad Yakye Axa reclaman la devolución de 14 mil hectáreas de sus tierras ancestrales adquiridas por El Algarrobal S.A. desde el 2001.

La misión de observadores estaba compuesta por Diana Sheelton, comisionada de Asuntos Indígenas, el abogado colombiano Federico Guzmán y Heriberto Alegre, representante de Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Integrantes de la organización no gubernamental Tierra Viva que acompañaba a la comitiva denunciaron este hecho que ocurrió en la localidad de Pozo Colorado y Concepción del Chaco, región occidental, en la frontera con Brasil.

Según relató Federico Guzmán, los peones impidieron el paso de los observadores que necesariamente debían atravesar por el predio para llegar a la comunidad indígena.

Guzmán explicó que pese a contar con la presencia de un representante del Estado paraguayo los guardianes se negaron a permitir el ingreso de la delegación. Además, señaló que “los indígenas están enclaustrados y hasta tienen problemas de hostigamiento y violencia por parte de los empleados de la tierra”. Incluso dio cuenta que cuando algunos indígenas se acercaron para apoyar el ingreso de la comitiva fueron amenazados por los peones.

Los observadores expresaron su preocupación por el trato recibido y exigirán medidas cautelares para los indígenas amenazados.

En el 2005 la CIDH ordenó al Estado paraguayo devolver a la comunidad indígena Yakye Axa las hectáreas que vienen reclamando desde hace nueve años.

Un año después, en el 2006, la CIDH nuevamente emitió un fallo donde exige al Estado paraguayo a que reponga un asentamiento de 18 mil hectáreas para la comunidad Sawhoyamaxa en un plazo de tres años.

Asimismo, este fallo demanda que los indígenas cuenten con agua potable y asistencia médica.

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