Tragedias ambientales como las arriba mencionadas ya no son únicamente posibles en el tercer mundo. En un nuevo milenio que sucumbe ante el cambio climático y la crisis energética los Estados deben ejercer medidas de control más exigentes respecto a la contaminación de las aguas, la deforestación y otros problemas ambientales. Asimismo, tienen la obligación intransferible de hacer respetar derechos de su población en relación a las transnacionales que explotan recursos.
Ante estos ejemplos, el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada por parte de los pueblos indígenas no debe ser visto como una amenaza directa a los intereses económicos y sociales de los ciudadanos, sino como una garantía para la conservación de los recursos, de la vida y las generaciones futuras en este planeta. (Fotos: Galería de Angaraes, Reuters)
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