Servindi, 10 de agosto, 2011.- Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) difundió el Informe sobre las Crisis Humanitaria y Violación a los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia. En éste se denuncia que el panorama de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en Colombia “es crítico, sistemático y reiterativo”.
Recuerda que la Corte Constitucional ha advertido que “35 pueblos indígenas se encuentran en peligro de extinción a causa del conflicto y el desplazamiento forzado”.
La situación de algunos pueblos es mucho más critica que otros por ejemplo: los Nukak Maku, los Guayaberos, pueblos ubicados en Guaviare, los Hitnu, los Sicuani en Arauca se encuentran en un alto peligro de desaparecer.
Esos pueblos son víctimas de la presencia de grupos armados legales e ilegales en sus territorios quienes han alterado sus formas tradicionales culturales de vida y son objeto constantes del “desplazamiento, confinamiento, amenazas y asesinatos”.
En materia de derechos económicos, sociales y culturales estos pueblos se enfrentan también a problemas de salubridad y falta de programas de atención básica en salud.
Entre los pueblos que son blancos de sistemáticas y masivas violaciones a sus derechos se encuentran los Awa, ubicados en Nariño, los Nasa en el Cauca, los Embera ubicados en nueve departamentos, los Wayuu, en la zona de la extensa Guajira, los Zenu en Córdoba y Sucre.
Otros pueblos ubicados en la Sierra Nevada, la Orinoquia, la Amazonía, y los que habitan, la región centro, Boyacá, Arauca, Norte de Santander y Tolima, padecen similares situaciones de desplazamiento, amenazas, desapariciones, masacres y presencia de minas anti persona.
Además, son víctimas del reclutamiento forzado de menores y jóvenes, asesinatos, por ocupación de sus tierras y sitios sagrados, confinamiento y controles de movilidad de personas y bienes, controles de comportamientos culturales ajenos a los pueblos, violencia contra las mujeres traducidos en acosos y abuso sexual, detenciones y señalamientos.
El informe de la ONIC observa que el impulso de las llamadas “locomotoras” anunciadas por Juan Manuel Santos como políticas de estado para buscar el desarrollo hacia el 2050, sumado a la presencia de empresas extractoras de recursos naturales, hacen de la tierra un botín en competencia.
Precisamente, en territorios indígenas se encuentran las mayores riquezas naturales como el oro, la plata, el petróleo, el agua, el coltan y la madera, entre otros.
De otro lado, el impulso de la siembra de monocultivos para generar energía y biocombustible, pone en peligro el derecho de los pueblos indígenas a la tierra, a su existencia y la de sus futuras generaciones.
Las denuncias realizadas por los pueblos indígenas y sus organizaciones han sido acogidas favorablemente por diversos organismos internacionales y el 17 de febrero de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales.
En el la CIDH señala que “El prospecto de desaparición de cada uno de los 65 pueblos indígenas colombianos (…) implica una serie de violaciones transversales, profundas e históricas de los derechos humanos individuales y colectivos amparados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”
La CIDH exhortó al Estado colombiano a adoptar “medidas positivas, vigorosas y efectivas para garantizar, respetar y promover la existencia física y cultural y los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan desde tiempo inmemorial su territorio” y que están pendiente de cumplimiento.
El organismo puntualizó que en el marco del conflicto armado los indígenas son “victimizados en forma aguda y desproporcionada por el conflicto armado interno”.
Respecto a la mujer indígena expresó que “Las mujeres indígenas colombianas viven una situación de múltiple discriminación, por su condición femenina y su condición indígena, que las hace mayormente vulnerables a los impactos del conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza y la marginalización estructural.”
El informe de la ONIC destaca la preocupación de la CIDH por la omisión del Estado colombiano para implementar un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas afectados por el Conflicto Armado y el Desplazamiento Forzado, o un Plan de Salvaguarda Étnica, como lo dispuso la Corte constitucional.
En el préambulo del informe se recoge la exhortación de la CIDH al Gobierno de Colombia para que redoble sus esfuerzos por crear e implementar, en forma pronta y efectiva, instrumentos de política pública idóneos para resguardar a la población indígena de la violencia armada y sus procesos conexos de violación de los derechos humanos, que continuaron victimizando a las poblaciones indígenas durante 2010.
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